Los ciudadanos saben que es necesario denunciar el hecho, y que corren riesgo por ello. En esta ola discriminatoria en la entrega de los productos del Clap, los consejos comunales excluyen a quienes consideren enemigo del gobierno, mientras, los habitantes de las zonas populares de Caracas siguen muriendo de hambre ante la desidia gubernamental
Graciela Calcaño se frota las manos; está nerviosa. Muchas veces pidió que no le colocaran su nombre en este reportaje. Habita en los Telares de Palo Grande de la parroquia Caricuao. Su casa no es pequeña ni grande, ella le dice el rancho niñero. Descripción muy acorde, acertada, ya que en su sala – cocina empiezan a aparecer de uno en uno sus hijos: cuatro en total. Graciela los presenta como toda madre, orgullosa de su descendencia.
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Comenta que su pareja actual se fue para Chile a buscar dinero: “Una solución para esta calamidad a la que ya no sabemos cómo enfrentar”, asevera la ama de casa. Las manchas de grasa sobre su bata delata que estaba en la cocina haciendo las mil maromas para atender a sus niños de menor edad: de 2 y 6 años. Su niña de 11 años se mantiene sentada en un mueble de color verde del que se desprende un olor penetrante a orine. La única hija de Graciela permanece callada durante la entrevista; por momentos, se ve ausente. Juega con una muñeca vieja y sin brazos.
Su chico de trece años se mantiene también callado. Observa a la extraña que recién llegó su casa.
“Aquí los días pasan lentos frente al problema del hambre; de verdad, quisiera que llegara rápido la noche. Aquí vivimos nueve personas. La madre de mi esposo con otra hija que tiene dos hijos. Y mi familia que en total somos seis”, explica apenada Graciela mientras una señora de la comuna le recuerda que sólo van a recibir una sola bolsa.
“Siempre que pasa me lo recuerda. Será para que no les reclamé por la que me prometieron”, comenta, e insiste: “Y una sola bolsa mi suegra ¿entiende ahora lo que le digo? repreguntó Graciela mientras se tocaba el cabello, grasoso, lacio, medio recogido con una gancheta.
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Su cara muy pálida se transformó cuando dijo que tenía 26 años; confesó que soñaba ser una modista reconocida. “Pero la suerte es como el hambre en el cerro, no sabes cuando se va, cuando cambia”.
Graciela refiere que su problema con el Clap es que nunca le han cumplido con la bolsa de su hija de 11 años, que nació con un problema de retraso psicomotor: “Por más que mi esposo les presentó sus informes médicos, su carnet de discapacidad, se hicieron los locos y nunca nos han dado la bolsa. No quieren entender que somos una familia numerosa con varios núcleos”.
“Lentejas con arroz, bollitos, arepas, una que otra vez, una fruta, cambures que les regala mi cuñado, es lo que comen mis muchachos. Mis hijos no van al colegio. No puedo comprar sus útiles. El mayor llegó al cuarto grado. Sé y siento que quiere estudiar, no me lo dice para no hacerme sentir mal. Pero ¿cómo van a ir a clases sino tenemos qué comer? Los vecinos me critican esto”.
Esta habitante de una zona popular de Caracas explicó que la bolsa no le dura nada. No habla mal del Gobierno, ni de los vecinos que están dirigiendo las comunas. Nerviosa, teme que le quiten la única bolsa. Coser en la casa no le reviste mucho dinero —que es el oficio que conoce—, termina entonces cosiendo gratis para su suegra y cuñado y para algunos vecinos.
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La joven madre cuenta que en el barrio 19 de marzo de los Telares de Palo Grande no se puede ser opositor acérrimo porque los comuneros se hacen los locos y le quitan las bolsas: “Me mantengo callada, no estoy con este Gobierno. Me duele por lo que pasa mi familia, es bien triste tener a mi esposo lejos de nosotros, en otro país”.
Al consultarle sobre las veces que come al día, explica que en algunos solo lo hace una vez. Se justifica diciendo que siempre ha sido de poco comer. Su delgadez no la puede esconder con su bata ancha. Las ojeras le cubre casi toda la cara, tiene mal aliento y busca cubrirlo mordisqueando unas hojas de malojillo que mantiene escondido en un pote sobre la mesa.
Su hijo mayor interrumpe para decir que va a casa de su vecino. Lo persigna después de darle el permiso. Su hijo le responde con un tímido “amén mamá”. “El arma de las madres es la oración. Todos los días oro, le pido por mi esposo y mis cuatro hijos, pido también al Todopederoso que nos rinda la bolsa. Sé que esto va pasar ¿usted también lo cree, verdad?
Solo y comiendo mal
Otra situación de discriminación es la que sufre la gente cuando se traslada de un sitio a otro. Mudarse puede ser una razón para perder el beneficio, como le ocurrió a Ramón Alberto Ramírez quien se vino hace dos años de los Valles de Tuy después de que una balacera le quitara la vida a su madre frente a su casa. “Moncho” como le dicen sus amigos, se ve triste, aunque por momentos saca ánimo para contar lo que le hicieron los comuneros de la parroquia Antímano:
“Recuerdo que los del consejo comunal, en un censo, me prometieron que me iban a resolver el problema de la transferencia del beneficio del Clap de los Valles del Tuy para Antímano. Pasaron seis meses antes de que me explicaran que había un problema. Sólo me indicaron que no tenía carga familiar y que por ser soltero no gozaba de este beneficio del Estado”, relató Ramírez.
“Hola Moncho”, así lo saluda su vecino que pasa por la calle cercana a la estación de metro de Carapita, donde conversa mientras denuncia el hecho: “Hay muchos hombres a quienes, por la situación del país, les ha tocado vivir solos. A pesar de que le recordé al que coordina el Clap en Carapita que todos tenemos derecho a comer, a alimentarnos por ser ciudadanos venezolanos, el comunero insistió en que la Ley establece que sólo se beneficia a familias”.
Moncho no llega a 25 años. Es de contextura delgada, nariz perfilada y ojos marrones. Trabaja como vigilante en un centro comercial ubicado en la parroquia El Paraíso. Es bachiller graduado desde hace seis años. Confiesa que no pudo seguir estudiando: A mi mamá se la llevó el diablo de esta locura que llaman revolución. En los Valles del Tuy la violencia es la carta de presentación de los que roban, de los que someten a la gente”.
—¡Monchito! —le gritó de lejos una joven como de 20 años de edad.
—¡Hola chama! —respondió rápidamente.
Vestido con su uniforme de vigilante luce muy flaco. “La verdad, no ha sido fácil. Me toca ayudar a mi sobrina que es una bebé; mi hermana tiene tres hijos. Por la situación, también mi hermana no ha tenido suerte, allá en los Valles la cosa no está nada bien”.
A Ramón Alberto Ramírez se le ve los huecos que sobran de su correa. Ya son muchos. El logo de la compañía en donde trabaja luce difuso sobre la camisa azul decolorada en varios sitios, como si hubiese cometido el error de echarle cloro al lavarla.
Al Moncho de esta comunidad popular de Antímano le ha tocado acostarse con hambre. El sueldo mínimo no le alcanza para mucho: “Me ha tocado varias veces llegar a pie a mi trabajo, de Antímano a El Paraíso. Lo tomó para jugarme con mis compañeros de trabajo, les digo que hoy me salió maratón. La verdad, es que me quiero ir para Colombia, pero saqué la cuenta: ¡si ni siquiera me alcanza el dinero para comer!”.
“Ante todo soy venezolana”
A María Eugenia Urdaneta el hambre no le toca de cerca; no la sorprende. De clase media, es habitante de la parroquia El Paraíso. En la avenida Páez está su apartamento. A su condominio llegó una extensión de un beneficio del Clap promovido por edificios de la Misión Vivienda en la zona.
“No les dije que no porque para ser sincera no me agrada esta manera de mantener con la cabeza baja a la población con más necesidad. Decidí, como muchas vecinas del edificio, donar los alimentos a personas que siempre nos llegan a pedir. Así como ayudo a las personas, pertenezco a una organización política venezolana, no opositora, porque siempre explico que el opositor es el que se niega hacer proyectos que van en pro del país. Yo soy venezolana”, destacó Urdaneta.
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La consultada indicó que El Paraíso así como Montalbán son los sectores caraqueños que más han protestado, así como el este de la capital: “Por esto me quitaron la caja Clap, de verdad. Y me disculpa, pero eso me causó risas más que molestia porque esta gente, los consejos comunales, no terminan de entender que los que vivimos en esta comunidad no nos pueden hacer cambiar por unos productos alimenticios, que son cada vez más escasos y de baja calidad”.
Urdaneta indicó que es una lesión grave al derecho a la alimentación en la que incurre el Estado con la toma de decisiones que dejan a ciertos venezolanos sin alimentos, desprotegidos. Destacó la vecina de El Paraíso que se hace más grave la situación cuando no se denuncian estos casos: “Pocas son las comunidades populares que entienden la necesidad e importancia de denunciar esta irregularidad por el acoso y amenazas a las que van a estar expuestos”.
Con información de El Pitazo
