El colapso de Venezuela no tiene precedente: sufre gravísimos problemas políticos, económicos y sociales que se han ido deteriorando a lo largo de los últimos años. Las condiciones de vida, si antes eran malas, ahora son mucho peores; los niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana se encuentran entre los más altos del mundo y la represión violenta se ha convertido en una constante.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación anualizada correspondiente a 2020 fue de 3713%, en tanto que para el Banco Central de Venezuela (BCV) fue de 2959,8%. En cualquier caso, la desvalorización de la moneda venezolana ha alcanzado niveles exorbitantes a punto tal que el BCV anunció la emisión de una serie de nuevos billetes de 200.000, medio millón y un millón de bolívares.
Organizaciones independientes señalan que casi nueve de cada diez hogares en Venezuela enfrentan una drástica escasez de agua potable, que se suma a la falta de gas y a los apagones cotidianos en todo el país. Según el experto en políticas públicas y director de la ONG local Ojo Avizor, Norberto Baussón, la mala gestión de los acueductos y la pérdida del personal calificado por la masiva emigración de venezolanos son los causantes de las fallas en el suministro.
El problema se extiende en todo el territorio venezolano. La población más carenciada no tiene recursos para construir sistemas alternos como lo han hecho muchos de la clase media a través de otras fuentes, como pueden ser pozos profundos o cisternas, por lo que millones de venezolanos de los barrios más pobres solo pueden esperar que llueva para llenar sus tanques.
En materia de seguridad y de derechos humanos, la actualización del informe de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, confirmó que las fuerzas gubernamentales de Venezuela continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, además de advertir el aumento de la persecución y hostigamiento contra la sociedad civil y contra organizaciones humanitarias.
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La ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos informó que durante 2020 policías y militares asesinaron a 2853 personas, la mayoría a manos de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales, que la ONU define como escuadrones de exterminio.
La escasez de gasoil, que se inició a mediados del año pasado y que se ha profundizado en los primeros meses de 2021 debido al colapso de las refinerías de Venezuela, amenaza con poner en jaque la producción y movilización de productos básicos, y ahondar la ya grave crisis humanitaria.
Venezuela está otra vez al borde de la paralización. El desabastecimiento de combustibles ha ocasionado filas de varios días en los surtidores, ha activado protestas y ha complicado el reabastecimiento de las fábricas.
La crisis que padece Venezuela es de una profundidad sin igual, producto de la adopción de un modelo que ha resultado catastrófico por parte de una facción de aprovechadores que solo piensan en saquear las finanzas públicas y realizar negocios de todo tipo en provecho propio sin que les importe en lo más mínimo el sufrimiento de toda una población.
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