Al menos 1.630 propiedades esperan por una devolución a sus legítimos dueños, pero en muchos casos la recuperación es un problema más que una solución, ya que deben invertir para restituir lo destruido durante la gestión chavista, por lo que muchos propietarios exigen el resarcimiento de los daños, una alternativa que el Gobierno no parece siquiera contemplar.
El autoritario «exprópiese» del fallecido Hugo Chávez pasó a la historia como una frase icónica del imaginario colectivo del venezolano. Lo que fue una tragedia para muchos comerciantes y empresarios, acabó teniendo una connotación casi cómica y anecdótica para muchos.
La frase se relacionaba de manera estrecha con Chávez, ese personaje político que invadía la opinión pública con su desbordante personalidad y excesos propagandísticos en cámara. El «rockstar» de la política venezolana, en aras de impulsar sus políticas populistas y recibir aplausos por parte de sus admiradores, banalizó y normalizó la violación a la propiedad privada.
La política del chavismo entre 2005 y 2012 consistió, en gran medida, en vulnerar el derecho a la propiedad privada. El arrebato de activos a los propietarios y su distribución al «pueblo» funcionó para conseguir votos, pero destruyó poco a poco el tejido empresarial e industrial del país.
Cada vez que el irreverente mandatario pronunciaba el «exprópiese» en una alocución pública, arruinaba vidas enteras de trabajo y contribuía con la hecatombe económica que acabó desembocando en Venezuela una década más tarde; todo mientras sus acólitos reían y aplaudían.
El problema no era la expropiación en sí, sino todo lo contrario. El chavismo muy pocas veces empleó un mecanismo legal para ejecutar la toma de una propiedad.
La coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, Ana Carrasquero, recordó que la expropiación es más bien una garantía jurídica de la propiedad, ya que el Estado reconoce al propietario y paga un precio acorde en un mecanismo que está estipulado en la ley.
Sin embargo, el chavismo pone en práctica otros mecanismos mediante los cuales no paga ninguna compensación al propietario, lo que se conoce como expoliación y suele ser el común denominador de todas las tomas ejecutadas por el Gobierno contra propiedades privadas.
Años más tarde, el país recoge la cosecha de las políticas empleadas por Chávez: más de 500.000 empresas cerradas, la industria a un cuarto de su capacidad y el tamaño de la economía una quinta parte de lo que fue en 2013. Ahora, la actual gestión de Nicolás Maduro, recoge cable y emprende una política de devolución de las empresas expropiadas.
Un hito impensable durante la administración de Chávez se dio a lugar el pasado 17 de marzo. Alfredo Cohen, presidente de la Constructora Sambil, firmó un documento para recuperar la propiedad del Centro Comercial Sambil de La Candelaria, expropiado por el fallecido presidente a mediados de 2008.
«Me tendrán que sacar de Miraflores para que haya un Sambil en La Candelaria», decía Chávez en 2008. Efectivamente, ya no ocupa la presidencia del país, pero su legado es quien da luz verde para que la propiedad sea devuelta a sus legítimos dueños y siga el procedimiento para que se concrete su apertura como centro comercial este mismo año.
Junto con el Sambil, muchas otras propiedades empiezan a ser devueltas tras más de una década de inoperancia. El músculo chavista, que ofrecía potenciar la producción y eficiencia de estos activos, falló. Ahora la estrategia es devolver lo que quedó de su gestión y relegarle a los privados la responsabilidad de operarlos con éxito.
En este contexto, bajo un velo de opacidad y miedo, se ha dado a conocer la devolución de algunas empresas y la privatización de algunas otras propiedades operadas por el Estado.
La Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo asomó que trabajan con una lista de 50 empresas expropiadas que serán devueltas a sus legítimos dueños, de acuerdo con el diputado Luis Eduardo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Diálogo.
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