Entraron a saco. Porque van por el botín. Como dijo Napoleón Bonaparte: Soldado, lo que no tienes lo tiene el enemigo. Y allí está la Junta Interventora de Multinacional de Seguros. Tomándolo todo. Queriéndolo todo. Convirtiendo el grupo de Tobías Carrero en botín de guerra. Porque en tiempos de chavismo los hechos son guerra, batallas, trinchera, conflicto, enemigo, tierra arrasada, y hasta holocausto, que en eso se traduce el éxodo y el exilio para millones de venezolanos.
Juan Carlos Zapata / ALnavío
Allí la junta interventora que va contra Multinacional, y también contra Seguros Guayana, y Seguros Interbank, y Seguros Adriática, y cómo no, contra el Hotel VIP de La Castellana, donde ya han pedido espacio para instalarse, algunos. “Esto es nuestro”, dijeron.
E irán contra las emisoras. Y el equipo de béisbol en Margarita. Y ya irán a Barinas, a ver qué queda en manos de Carrero. Porque la finca fue confiscada años ha por Hugo Chávez. De modo que lo ordenado y decretado por Nicolás Maduro y el ministro Tareck El Aissami es continuación de una operación política que toma nuevos bríos, que no se detiene ni ante los dictámenes emitidos por las instituciones bajo control del chavismo. Y apela a la figura de la “unidad económica” con el fin de ponerle la mano al conjunto de empresas y activos. Lo que haya. Lo que exista. Lo que esté a nombre del empresario. Al estilo de toda dictadura.
Revancha política. Revancha que mira hacia atrás. Que rebusca en un caso del que la Procuraduría General de la República había eximido de responsabilidad al grupo Multinacional de Seguros, según consta en informe del 7 de agosto de 2019. Caso que remite a un siniestro en Venalum, empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, que el reaseguro no pagó. Pero la reaseguradora fue una empresa que la propia CVG escogió. No lo hizo Multinacional, que era la que manejaba la póliza de riesgo industrial, y como ha debido suceder. Mas por causas que se pueden intuir -corrupción, comisiones-, se impuso la decisión política de la CVG sobre el reaseguro.
Y aun así, cuando se produjo el hecho, y cuando al cabo del tiempo la reaseguradora, Lexington, alegó que no pagaba, Multinacional asumió el costo y pagó, no sin antes efectuarle el debido reclamo a la reaseguradora, sin que se le diera la razón en Londres. Pero la Procuraduría dictaminó que Multinacional pagó, y pagó bien, y pagó como se debía pagar en 2016, en bolívares ya que las operaciones en divisas estaban bajo la lupa.
Pagó a derecho y la cantidad correcta, con el contravalor en bolívares del tipo de cambio oficial de la época. Eso está allí. En el informe de la institución cuando el caso era ventilado en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Y la Sala también solicitó a la Superintendencia de Seguros otro informe en diciembre de 2019. Y el regulador confirmó el grado de solvencia de Multinacional de Seguros. Y que aun perdiendo los 54 millones de dólares en los que se transformaron los bolívares del caso, la empresa contaba con activos que superaban en 209% más la cantidad del litigio, cuando la Ley de Seguros contempla un 105% de posición límite.
Pero el Tribunal Supremo de Justicia ignoró los dos informes. Esta vez la Sala Constitucional fue la que se abocó, la que pidió el expediente y dictó sentencia, ya inapelable, el 30 de enero, aun sin tener el expediente físico a mano, según informaron fuentes judiciales al diario ALnavío.
Siga leyendo en ALnavío
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
