“El uso del derecho penal como una “herramienta” para incrementar la represión ha sido una constante en el régimen que lidera Nicolás Maduro. Durante la pandemia estas prácticas se han incrementado, provocando la violación flagrante de los derechos humanos a la población. Hoy, quienes integramos el Gobierno Interino elevamos nuestro rechazo y documentamos, desde nuestros espacios, tales vulneraciones”.
Así lo declaró Carmen Alguindigue, embajadora de Venezuela en el principado de Andorra, ante el incremento de las detenciones arbitrarias y abusos policiales contra la población, como la ocurrida en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare.
https://twitter.com/alguindiguec/status/1261703753352335362?s=12
“En el país se cometen, poermanentemente, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, como las Faes contra la población. Lo ocurrido en la cárcel de Cepello lo evidencia. Murieron más de 50 reos y no hay señales de investigación alguna”, señaló Alguindigue.
Para la embajadora “La seguridad interna de los establecimientos penales- con explicita exclusión de reclusos empoderados como pranes- puede poner en práctica medios de persuasión y de coerción en forma progresiva para la restitución del orden y la disciplina en los establecimientos penitenciarios, no obstante, la fuerza debe ser legítima y estar enmarcada en la estricta observancia de los derechos humanos y bajo los parámetros del uso progresivo y proporcional, orientado por el criterio de moderación en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo que se persiga”.
Pero como estos hechos se ha hecho una constante la comisión de otros abusos amparados bajo el manto de la legalidad a través de normas jurídicas como la Ley del Odio, que impone hasta 20 años de prisión a quienes incurran en los delitos que en ella se tipifican, y que según declaró Alguindigue, “se usan como una herramienta para el control ciudadano”.
“La aplicación del derecho penal para reprimir a la población se ha convertido en Venezuela uno de los principales mecanismos de control social. La penalización de conductas sin respetar el principio de legalidad, las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso así como las ejecuciones extrajudiciales constituyen para el régimen de Nicolás Maduro un conjunto de acciones interrelacionadas y con un propósito: mantenerse en el poder. ”, señaló la diplomática.
Alguindigue también rechazó las acciones que permanentemente se cometen contra periodistas, personal sanitario y todo el que disienta del régimen. “La realidad del comportamiento del sistema penal venezolano cuenta con la opacidad característica en todos los sectores en nuestro país, donde el control de gestión y la rendición de cuentas son inexistentes.
Un parámetro irrebatible para medir las democracias es la forma en la que los Estados ejercen el control penal. “Recuperaremos la democracia y con ella la reinstitucionalización apegada con los valores del derecho y justicia” señaló.
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