La ONG Transparencia Venezuela determinó que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de los gobiernos regionales y en 21% de ellas hubo denuncias de corrupción.
La más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela estudió los nexos de las empresas que son propiedad del Estado venezolano con las diferentes gobernaciones del país, y el resultado de su investigación determinó que estas terminan siendo un instrumento para actos de corrupción.
Precisó la organización no gubernamental que de 910 empresas del Estado, 218 dependen de las gobernaciones. Las gobernaciones de Sucre, Barinas y Portuguesa con 17, 16 y 15, respectivamente, son las que tienen más compañías adscritas, mientras que Nueva Esparta, sin empresas; Táchira con 2 y Mérida con 4, son las gobernaciones que menos tienen.
“Precisamente estas tres gobernaciones perdieron empresas en el año 2018 junto con Anzoátegui, cuando fueron elegidas autoridades distintas al Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que provocó que el Gobierno nacional se adscribiera sin consentimiento de la autoridad regional 4 empresas de Nueva Esparta, 4 de Táchira, 5 de Mérida y 3 de Anzoátegui”, detalló Transparencia Venezuela.
Los portales web de las gobernaciones que están activos no contemplan información completa, veraz y oportuna sobre los entes descentralizados con fines empresariales, estos son mencionados sólo con fines propagandísticos”
Agrega el informe de la ONG que “a la par de estos cambios, se crearon entidades empresariales con competencias en actividades productivas y de gestión, similares a las competencias de las gobernaciones y alcaldías, para la ejecución de recursos de los protectores designados por Nicolás Maduro en estos estados”.
Recordó que a finales de 2019 Nicolás Maduro declaró que ratificaba la línea de: “Entregar, en alianza nacional-regional todos los proyectos y empresas productivas que estén en manos del Estado, para gestionarlas, recuperarlas y ponerlas 100% productivas. Tengo la confianza absoluta de nuestros gobernadores en la recuperación de todos los proyectos”.
Fue así como desde el poder nacional se documentaron 8 empresas en el estado Miranda, 7 en Barinas, 2 en Sucre, 1 en Delta Amacuro, así como en Portuguesa, Lara y Zulia.
“Algunas de estas empresas luego fueron negociadas con el sector privado, entre ellas el Central Azucarero Cariaco, Central Azucarero Sucre, Industria Azucarera Santa Elena, la Corporación Agrícola Socialista Hugo Chávez y la Empresa Mixta Socialista Porcinos del ALBA. Pero de 595 empresas públicas nacionales solo entregó a las regiones 13 empresas, ninguna realmente relevante”, destacó Transparencia Venezuela.
Puerta para la impunidad
La ONG agregó que los gobernadores beneficiados “manejan cierto nivel de conexiones con empresarios de distintas áreas”, cosa cuestionada por el mismo gobierno, pero de forma genérica y sin que se haga las actuaciones formales de control para evitar la impunidad en actos de corrupción.
Transparencia Venezuela determinó también que de las 218 empresas públicas regionales, 46 de ellas (21%) ha recibido denuncias por corrupción o malos manejos.
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