El largo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas el pasado miércoles sigue dando tela para cortar a propósito de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen chavistas bajo las órdenes de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Nestor Reverol, principalmente.
Por Primer Informe
Entre las 443 páginas que integran el texto presentado por la misión de expertos independientes de la ONU se detallan las formas de torturas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro en contra presos políticos y en algunas oportunidades contra los propios familiares en busca de alguna información que les sirviera para abultar los expedientes abiertos.
La misión de la ONU detalla las torturas perpetradas en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por funcionarios de ese mismo cuerpo represor y también de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“La Misión investigó 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró motivos razonables para creer que el SEBIN cometió arrestos y detenciones arbitrarias y/o actos de tortura u otros malos tratos contra personas percibidas como opositores políticos y sus asociados. De ellos, la Misión documentó y analizó en detalle a 13 casos que se presentan a continuación. Los patrones identificados y descritos en esta sección se basan en la información directa recibida (entrevistas, expedientes jurídicos, secuencias de vídeo) e información creíble de fuentes secundarias confiables”, reza un pasaje del texto.
La misión de la ONU investigó y constató que en 13 casos los funcionarios del SEBIN torturaron y sometieron a los detenidos a los tratos más despiadados imaginados. Estos actos ejecutados eran cometidos según el informe, durante los primeros días de detención, “antes de la audiencia de presentación, y mientras la persona detenida permanecía incomunicada”.
De las pruebas recabadas por la misión de expertos independientes de la ONU, están las aportadas por el ex director del SEBIN; Christopher Figuera, quien aseguró que al momento de asumir el cargo en octubre de 2018, “encontró una política y un “comportamiento cultural” de tortura en el SEBIN. Dijo que los actos podían comenzar como malos tratos, como negar alimentos o agua, y luego se volvían más graves, según la reacción de la víctima y/o la actitud de los funcionarios involucrados”.
Figuera dijo a la Misión que Maduro decidió quiénes serían torturados, quienes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la misión de la ONU, los actos de torturas se cometieron generalmente durante interrogatorios para extraer confesiones o información, contraseñas telefónicas y de redes sociales. También se hacian para obligar a las personas a incriminarse a sí mismas o a otras personas, en particular a líderes de la oposición de alto perfil.
El informe detalló los actos de torturas y otros malos tratos perpetrados en los calabozos del SEBIN ejecutados por funcionarios que recibieron órdenes de Maduro, Padrino López y Reverol:
• Posiciones de estrés llamadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos)
• Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua.
• Golpes, a veces con un palo u otro objeto contundente.
• Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.
• Amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional.
• Amenazas de violación sexual contra la víctima y/o sus familiares.
• Tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo.
• Desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.
Personas que permanecieron detenidas en el SEBIN hablaron con los expertos de la Misión y aseguraron haber visto la tortura de otras personas detenidas en los calabozos de ese organismo. Estas mismas personas aseguraron haber convivido con las víctimas de las torturas.
“Testigos ubicados en algunas celdas de El Helicoide, en particular la celda de mujeres de 2014 a 2018, describieron haber escuchado frecuentes torturas de hombres y mujeres durante los interrogatorios. Las celdas de ese pasillo estaban situadas directamente debajo de las oficinas de unos oficiales de alto rango. Debido a las particularidades en la construcción del edificio, el sonido se podía escuchar con claridad”, reza parte del texto.
La misión de la ONU documentó valiosa información sobre los métodos de tortura implementados por funcionarios de los organismos de seguridad del estado, especificamente el DGCIM, contra militares y personas asociadas.
El informe sugiere que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde el 2017, año en el cual se ejecutaron intensas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Los actos de tortura y malos tratos documentados por la misión de expertos independientes de la ONU son:
• Golpes fuertes con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados.
• Esposas excesivamente apretadas que provocan cortes en las muñecas.
• Asfixia con sustancias tóxicas y en agua.
• Posiciones de estrés conocidas como “el pulpo” y “las crucifixiones”.
• Condiciones de luz constante, aislamiento en cuartos oscuros durante días.
Prohibición del uso o el acceso a los baños, mantener el/la detenido/a con ojos vendados.
• Violencia sexual y basada en género, incluyendo desnudez forzada, amenazas de violación y violación.
• Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas.
• Choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo (incluyendo los genitales).
• Privación de comida y agua, comer del suelo, alimentación forzada de heces.
• Tortura psicológica, incluyendo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares.
Las consecuencias de estos actos fueron lesiones físicas graves y muchos casos permanentes. También se detalla la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, sangre en la orina y costillas rotas, entre otras. Aunque las heridas fueron curadas en la mayoría de los casos, el trauma psicológico y la depresión siguen agobiando a los afectados.
Una persona intentó suicidarse en dos ocasiones mientras estaba detenida.
¿Comó fueron ejercidos estos métodos de tortura?
Este informe es, quizás, el más importante que se haya publicado sobre los casos de tortura, violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.
En él se describieron hechos abominables ejecutados por funcionarios de la DGCIM contra militares detenidos en sus calabozos.
En tres de los casos investigados, la DGCIM perpetró actos de violencia sexual o de género contra los militares detenidos durante los interrogatorios para degradarlos, humillarlos o castigarlos.
“Oficiales femeninos y masculinos de la DGCIM sometieron a las personas entrevistadas a desnudez forzada, incluso durante días. Los custodios masculinos amenazaron con violar a los detenidos con palos y bates. Se administraron descargas eléctricas y golpes, incluso en los testículos. Los oficiales de la DGCIM sometieron a los detenidos a una práctica que llamaron “dar la teta”, durante la cual golpeaban a los detenidos con un bastón, con la palabra “teta” escrita sobre el bastón. Las parientes femeninas llevadas a casas clandestinas eran agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas”, señala parte del informe.
En la mayoría de los casos que se investigaron para este informe se comprobó que las víctimas no fueron llevadas a una revisión médica antes de su comparecencia inicial ante el tribunal.
Funcionarios y médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMEF) quedaron según lo que se comenta en el informe, como cómplices, pues aunque evaluaban a los detenidos visiblemente lastimados y heridos, levantaban certificados indicando las buenas condiciones físicas de las víctimas. Un testigo dijo a la Misión que los médicos del SENAMEF obligaban a los detenidos a firmar documentos en los que se declaraba que estaban en buenas condiciones físicas. “Estaba con los ojos vendados y esposado. Me presentaron al médico forense que habían llamado para evaluar mi estado de salud, y el médico me hizo firmar y alocar mis huellas dactilares sobre un documento diciendo que estaba en perfecto estado. Este fue el único momento en que me quitaron la venda de los ojos”, comentó.
El Capitán Acosta Arevalo: Murió luego de ser golpeado y torturado
Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta venezolano fue detenido el 21 de junio de 2019 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada desde el 21 al 26 de junio de 2019. Tras cinco días, finalmente, el régimen de Nicolás Maduro reconoció su detención.
Hasta ahora prevalecía la tesis de que funcionarios de la DGCIM le habrían llevado a un hospital el 28 de junio, pero horas después fue presentado, mientras agonizaba, ante un tribunal militar para imputarle cargos a pesar de su condición de retiro de las Fuerzas Armadas.
La descripción de un hombre agonizante presentado ante el juez, finalmente tras largas sesiones de tortura, ya había escandalizado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que han tomado este caso como simbólico para desnudar el sistema de torturas que impera en Venezuela.
En efecto, el documento de la ONU señala que el informe de la DGCIM, los oficiales de de ese organismo llevaron al Capitán Acosta Arévalo al hospital militar Carlos Arvelo a las 7:00 horas el 28 de junio de 2019. El médico certificó que tenía un traumatismo en el tórax, nariz, dedos y tobillos, deshidratación moderada y una infección en la piel. El informe concluyó que estaba en condiciones estables.
Así explicó la Misión de la ONU en el informe el caso del capitán Acosta Arévalo:
En la noche del 28 de junio de 2019, el capitán Acosta Arévalo fue llevado para su audiencia de presentación ante el Tercer Juzgado Militar de Control del Municipio Libertador Bolivariano, Distrito Capital. Los demás acusados también fueron llevados al tribunal. El caso del Capitán Acosta Arévalo fue asignado a un tribunal militar, ya que se le acusó de delitos militares (traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión). El capitán Acosta Arévalo era un civil, que fue dado de baja del ejército en 2006.
Los oficiales de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en una silla de ruedas. Antes de la audiencia, el abogado del Capitán Acosta Arévalo tuvo una breve interacción con su cliente. Los oficiales de la DGGIM insistieron en estar presentes durante la conversación. Según su abogado, lo primero que hizo el Capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El Capitán Acosta Arévalo no podía articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas y estaba adolorido y sangrando. Estaba descalzo. Sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza.
El personal del tribunal trató de darle un poco de agua. Cuando el juez vio el estado del capitán Acosta Arévalo, en la entrada de la sala de audiencia, ordenó su traslado inmediato al hospital militar Vicente Salias Sanoja en Fuerte Tiuna. La audiencia procedió para los otros acusados. La audiencia del Capitán Acosta Arévalo fue pospuesta hasta el día siguiente.
Alrededor de las 21:00 horas del 28 de junio, los oficiales de la DGCIM condujeron al Capitán Acosta Arévalo desde la sala del tribunal hasta el hospital. El viaje duró unos cinco minutos en coche, según el registro policial de la DGCIM. Según un registro médico al que tuvo acceso la Misión, el Capitán Acosta Arévalo llegó al hospital sin signos vitales.
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