La Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) ocasionó el colapso del sistema sanitario público en Venezuela, deteriorado por más de dos décadas en sus capacidades físicas, institucionales y financieras, lo cual afecta a 23,7 millones de personas, 83,4% de la población nacional, en sus necesidades de salud, la mayoría en situación de pobreza, sin ninguna protección financiera ni recursos económicos para enfrentar gastos de enfermedad.
La caída de las capacidades sanitarias en el país ha generado una triple afectación a la salud de la población: una excesiva prevalencia de enfermedades, con mayor peso de las crónicas, sin diagnóstico o no diagnosticadas a tiempo por la pérdida de servicios, ni tratadas adecuadamente debido al agotamiento severo o ausencia de tratamientos; la reaparición de enfermedades erradicadas y su conversión en epidemias; y una creciente mortalidad asociada al deterioro físico, operativo y falta de saneamiento de los centros de salud.
Bajo estas difíciles circunstancias, al menos 18,4 millones de personas con enfermedades se encuentra en gran vulnerabilidad; de ellas, 14,8 millones perdió servicios de salud, 11,4 millones carece de recursos mínimos para gastos médicos; y 7,9 millones presenta problemas graves, sin atención garantizada en los centros de salud públicos disponibles, que ponen en riesgo sus vidas e integridad física.
Sistema sanitario
En Venezuela, 23,8 millones de personas depende del sistema sanitario público para atender sus necesidades de salud. El sistema concentra el mayor número de establecimientos, servicios y camas hospitalarias del país que administran distintos entes prestadores (Ministerio del Poder Popular para la Salud, MPPS; Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS; y Misión Barrio Adentro, entre otros). Hasta 2014, 15 millones de personas no contaban con ningún tipo de seguro médico, a las que se sumaron 4,5 millones de personas en 2018, al perder sus pólizas de seguro por la hiperinflación (ENCOVI 2017, 2018) y 4 millones de trabajadores/as públicos asegurados, con planes limitados para cubrir los costos del sector privado.
La fragmentación, la corrupción y el desfinanciamiento del sistema, evidenciado en una caída de 63,6% en la contribución del gasto público al gasto de salud de los hogares (OPS, 2018), llevó a que entre 2012 y 2016 el sistema sanitario público entrara en crisis con la pérdida de 40% de sus capacidades de prestación de servicios. Entre 2017 y 2019, la crisis se transformó en colapso con el cierre o inoperatividad de 80% de la atención primaria, 60% de la atención ambulatoria especializada y 69,5% de la hospitalaria (Provea, 2019; Médicos por la Salud, 2019). En esta emergencia, 14,8 millones de personas con problemas de salud fueron privadas de servicios y, de ellas, al menos 11,3 millones no tenía medios económicos para gastos de enfermedad.
Servicios de salud
El colapso del sistema sanitario público afecta directamente a 18,4 millones de personas (65% de la población) con problemas de salud de mayor prevalencia (48,7% crónicos y 35,7% agudos). De este total de población, 7,9 millones de personas presenta problemas de salud graves (24,4% crónicos y 11,4% agudos) sin atención garantizada en el sistema, debido a que los centros de salud perdieron 46,7% de las camas y 80,8% de las camas en unidades de cuidado intensivo; 51% de las salas de cirugía o pabellones; 38,3% de la actividad quirúrgica; 85% de los equipos médicos; y 90% de las capacidades para realizar exámenes de laboratorio.
Atención en hospitales públicos
Con las altas deficiencias que presentan los hospitales públicos, al menos 900 mil personas con problemas de salud graves enfrentan alto riesgo de fallecer por no conseguir atención o recibirla de manera inadecuada y/o insegura en los servicios. Sobresale en los hospitales que, 70% no dispone de medios para diagnóstico y terapia cardiovascular (Médicos por la Salud); 57% del personal médico y 62% de enfermería capacitado dejaron sus puestos de trabajo (Federación Médica Venezolana, Gremios de Enfermería). En 82% de los hospitales públicos había escasez de insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio y, en 50%, de insumos básicos y medicamentos (Médicos por la Salud). A marzo de 2020, 55% de los hospitales públicos no contaba con plantas eléctricas y en 63% había interrupciones frecuentes de energía eléctrica; 80% operaba en infraestructuras deterioradas; 70% no tenía suministro regular de agua; y en 88% había problemas de saneamiento (OCHA).
Medicamentos
Entre 2014 y 2019, las importaciones públicas y privadas de medicamentos cayeron 96% y la producción nacional en 89,9%. Esta severa contracción en la disponibilidad de medicinas redujo las capacidades de distribución en 83%, causando una escasez promedio de 71,6% en medicinas para enfermedades agudas (Infecciones Respiratorias y Diarreas) y de 60% para enfermedades crónicas (Diábetes e Hipertensión) hasta diciembre de 2019 (ConviteAC). En el caso de medicamentos de alto costo, la suspensión de compras del Estado para surtir a programas de entrega gratuita provocó alrededor de 71% de agotamiento en todo el país.
Salud de las mujeres y niños/as
La mayoría de las 749 mil embarazadas y 1,2 millones de niños y niñas menores de 5 años son parte de las poblaciones afectadas con mayor vulnerabilidad a riesgos para la salud por la inoperatividad de servicios y elevadas deficiencias del sistema sanitario público. Debido a la pérdida o deterioro de la atención obstétrica en centros de salud públicos, 427 mil embarazadas (57%) se encuentran en riesgo; de estas, 23% son embarazadas adolescentes. El riesgo aumenta para los recién nacidos, 79% de los cuales son más vulnerables a las severas deficiencias que presentan los servicios materno-infantiles del país. Al mismo tiempo, 96% de los niños y niñas menores de 1 año sufren de diarreas, para las cuales los servicios de salud no disponen de condiciones de atención oportunas ni adecuadas y al menos 40% de estos niños no han recibido una inmunización completa.
Epidemias
En estos últimos años de emergencia, 20,2 millones de personas (71%) ha estado expuesta a enfermedades que se expandieron o resurgieron como epidemias en gran parte de los estados del país por causa del debilitamiento de los programas de salud pública y de vacunación y del desplazamiento interno de la población, incorporada a la minería ilegal u otras actividades informales ante el severo deterioro económico del país. Entre estas enfermedades, destacan la Malaria, presente en 20 de los 24 estados del país, y el Sarampión y la Difteria, en unos 17 estados. Entre 2010 y 2019, la Malaria tuvo un ascenso de 882%, pasando de 45 mil a 400 mil casos; la Difteria reapareció con 58 casos en 2016 y aumentó en 3.078% al acumular 1.785 casos hasta 2019; el Sarampión en niños, niñas y adolescentes se elevó en 970%, creciendo de 727 casos en 2017 a 7.054 en 2019.
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