El ajuste aplicado por Nicolás Maduro es más congruente con un conjunto de adaptaciones forzadas debido a condiciones adversas. Un documento elaborado por los economistas Asdrúbal Oliveros y Giorgio Cunto señala que la caída del gasto público de 50% en 2014 a 14% en 2020, evidencia que el gobierno simplemente no tiene el dinero para sostener sus mecanismos de intervención económica.
«Desde inicios de 2019 el Estado venezolano ha pasado de un rol de ´empresario´ a uno de ´gestor´, conforme su reducido alcance para intervenir en la vida económica», así se desprende del papel de trabajo ¿Qué cambió y por qué en la economía venezolana?, publicado en la revista Sociedad, economía y política (SIC) del Centro Gumilla, por los economistas Asdrúbal Oliveros y Giorgio Cunto, de la consultora Ecoanalítica.
En el documento sostienen que en esencia, la administración de Nicolás Maduro mantiene primacía normativa y regulatoria, pero cede espacios a actores privados para que participen con mayor flexibilidad en donde las autoridades han dejado de proveer cobertura. Con esto se conforman nichos de actividad donde se concentra el dinamismo de la economía venezolana, a la vez que surgen sustitutos imperfectos para cubrir vacíos en dotación de servicios.
Como se recordará, el gobierno aprobó la Ley Antibloqueo con el cual busca ofertar activos estatales a privados nacionales y extranjeros, y especialmente petroleros, pero sin rendir cuentas sobre los acuerdos al alegar en esta normativa, que son de «carácter reservado, confidencial o de divulgación limitada». El objetivo es vender compañías públicas en medio del contexto de sanciones económicas e individuales decretadas por Estados Unidos.
Esto ocurre además, luego de la política de expropiación y estatización aplicada durante la gestión del presidente Hugo Chávez, en la que miles de empresas que antes estaban en manos del sector privado nacional y extranjero, ahora muestra pobres resultados operativos y financieros.
«Ante el colapso de la recaudación tributaria tanto petrolera como no petrolera, el gobierno cubrió su déficit con emisión monetaria, lo que en un entorno recesivo propiciaría una senda hiperinflacionaria en 2017 que se aceleraría exponencialmente en 2018. El agravamiento de la crisis en los planos locales y externos más allá de las capacidades financieras, técnicas y logísticas estatales, motivaron al Ejecutivo a readaptar su estrategia de participación económica en aras de asegurar su futuro político», señalaron los economistas en el documento.
Resaltan que una serie de acciones fueron puestas en marcha por el Ejecutivo, pero las mismas no correspondieron a un programa de estabilización macroeconómica, ni a reformas estructurales suficientes para recuperar la senda de crecimiento de la economía.
«Tampoco es un viraje sustancial en la forma en la que se concibe o ejecuta la política económica. El ajuste llevado a cabo por el Gobierno venezolano es más congruente con un conjunto de adaptaciones forzadas por condiciones adversas que lo obligaron a redimensionar su alcance».
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