Sin mayores detalles, las sesiones parlamentarias fueron diferidas los días 25 y 29 de marzo y la de ayer 5 de abril para que el Comité de Postulaciones Judiciales presentara la lista definitiva de los magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ser sometida a votación por la Asamblea Nacional (AN) 2020 dominada por el chavismo. Juristas alegan que el proceso se paralizó por pugnas internas del oficialismo y denuncian una violación a la Constitución, al permitir que magistrados activos se postulen por 12 años más, cuando la carta magna en su artículo 264, establece que sólo pueden aspirar a ese cargo por un único período.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
«El proceso dista mucho de ser transparente», aseguró Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia. Contó que el 23 de febrero, la AN en su cuenta de Twitter presentó una lista de 434 postulados a magistrados (la única que se ha hecho pública). Posteriormente, esa cantidad se redujo a 254 aspirantes tras revisión del Poder Ciudadano que culminó el 21 de marzo. Hasta allí se dejaron de conocer detalles.
«No sabemos cuántas impugnaciones se hicieron y si cumplieron con el procedimiento que dicta la ley. Cuando un postulado es impugnado deben darle el derecho a la defensa en un proceso que debe ser público. Además, desconocemos la lista definitiva de los postulados a los cargos de magistrados a las distintas salas del TSJ, y la de inspectores de tribunales y de director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Tampoco sabemos cuál es el baremo que utilizó el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los postulados», apuntó.
Afirma que este era un proceso que se estaba realizando a la carrera, caracterizado por la brevedad. «Se acortaron las normas constitucionales del ejercicio de la participación y al final no sabemos qué nombres remitió el Poder Ciudadano al parlamento», reiteró.
Incluso en una nota de prensa publicada por la página web de la AN de fecha 23 de marzo, se informó que en tan sólo dos días se entrevistaron a 240 aspirantes. Según una investigación realizada por el portal web Armando.info, esto representa que si la jornada tuvo 24 horas, cada postulado fue entrevistado en un tiempo de 12 minutos máximo.
Trapitos al Sol
La doctora Cecilia Sosa, quien fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, alegó que esta paralización de la elección de 20 magistrados principales y 20 suplentes, se debió a las declaraciones hechas por el diputado del PSUV, Pedro Carreño el pasado jueves 31 de marzo, en un programa televisado llamado «Desenlace», en entrevista con el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, general de la Armada, Giuseppe Alessandrello. En la cual afirmó que «el funcionamiento del TSJ es un desastre».
«En este Tribunal que se va se habla de que no tiene 32 magistrados, sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones, se acabó el litigio en este país. Y hay otra señora que con la designación ella es quien decide cuándo hace efectivo, cuándo es la entrega, cuándo juramentan. ¡Un desastre total!», exclamó Carreño.
Sosa sostiene que las declaraciones de este parlamentario, que forma parte del cogollo del PSUV, no fueron espontáneas ni buscan transparencia en el proceso, evidencian por primera vez y de manera pública que dentro del oficialismo hay una fragmentación.
«En el oficialismo hay dos bandos que están enfrentados para escoger a los magistrados. Su objetivo es atacar a uno de los grupos del oficialismo que pretenden dejar a algunos magistrados en el poder, entre ellos a Maikel Moreno, actual presidente del TSJ que aspira ser reelecto. Esta es una elección para no cambiar nada. El problema no es que esté o no Maikel Moreno, el tema aquí es quién controla el TSJ, y quien lo tiene que controlar es la AN», manifestó.
Alega que el parlamento tiene que nombrar a las autoridades de los demás poderes públicos y que estas elecciones se realizan por repartición de cuotas de poder.
«La AN va a nombrar a quien le convenga al régimen, para dar una fachada de que hay una renovación de poderes por las investigaciones que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, para determinar si en el contexto de las manifestaciones políticas de 2017 se han cometidos crímenes de lesa humanidad. Me imagino que hay dos grupos en el oficialismo, los que quieren mostrar la apariencia de instituciones independientes y los que quieren un tribunal mucho más estricto o controlado por el Poder Ejecutivo», comentó Sosa.
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