Los cierres de frontera han sido invocados como la solución para enfrentar el contrabando, a la criminalidad, el paramilitarismo, el “bachaquerismo”, el secuestro, el narcotráfico, entre otros tantos males que afectan a los habitantes de ambos lados de la línea. Sin embargo, los impactos negativos en lo social y económico han sido evidentes.
El cierre del 19 de agosto del 2015, en los 431 kilómetros de la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, ha tenido un impacto de enormes consecuencias, tanto en lo social como lo económico, con empresas afectadas, incremento del desempleo y una dinámica comercial fuertemente restringida por primera vez en la historia de ambos países.
La politóloga colombiana Ángela Bustos señala en su investigación, “Consecuencias económicas y sociales del cierre fronterizo del 19 de agosto del 2015”, que a raíz de estos hechos se produjo una acción de control migratorio ordenado por Venezuela, lo que trajo como resultado, entre el 23 de agosto y el 7 de octubre del 2015, la deportación de 1.821 colombianos y más de 22 mil desplazados hacia Colombia.
El control del paso fronterizo estuvo bajo la jurisdicción militar hasta julio del 2016, cuando se produjo la acción de las “Damas de Blanco”, quienes lograron una apertura temporal de la frontera y luego un acuerdo entre ambos países para el paso, que se mantuvo vigente hasta marzo del 2020, cuando se impuso el cierre por la pandemia, ordenado por Colombia.
En materia económica, el cierre ha significado para los habitantes del Norte de Santander un cambio de vida, relaciones humanas y comerciales. La investigación de Bustos así lo demuestra: 80 % de los ciudadanos del área metropolitana de Cúcuta transitaban la frontera de forma regular. 44 % lo hacía por lo menos cada 15 días. Un 56,7 % lo hacía por compras, y 16,7 % por motivos familiares.
Según cifras del DANE, entre agosto y septiembre del 2015, se produjo en la zona un incremento del 10 % en el índice de precios al consumidor, especialmente en el área mayorista de verduras, frutas frescas, tubérculos, lácteos y huevos, cereales, las carnes y pescados, además de procesados. Lo que encareció el costo de vida para los habitantes.
En la investigación de Bustos, un 50 % de los habitantes del área metropolitana de Cúcuta consultados reconocía que se abastecía de gasolina venezolana en las bombas de frontera, así como de productos del llamado “bachaquerismo”, lo que pasó a manos de nuevos intermediarios que utilizan las trochas para este tráfico y alimentan este mercado en ambos lados de la frontera.
Solamente entre el 2015 y el 2016 pasaron de 100 a 300 las trochas ilegales por la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, según un informe de los cuerpos policiales colombianos. Este dato confirma la posición de los proapertura, de que el cierre trasladó el comercio legal por los puentes al paso irregular bajo control de las mafias en la zona de frontera.
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