El exparlamentario, Rafael Narváez, afirmó que los métodos que sigue utilizando el Estado para contener la cadena de contagios de la COVID-19 en Venezuela han servido para violar derechos humanos.
Decretos de alarma y estados de excepción perpetuos, lo que han servido es para violar los derechos humanos de los ciudadanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, montando puntos de control y alcabalas fantasmas para la matraca. El protagonismo caprichoso dado a los militares ha sido un verdadero fracaso por el desconocimiento en el manejo de la pandemia, indicó.
El profesional en derecho expresó que, para el Estado, el derecho a la vida y a la salud están en segundo plano porque solo piensan en elecciones de alcaldes y gobernadores para dilapidar recursos que pueden ser utilizados para adquirir, por ejemplo, más camas de cuidados intensivos en los hospitales.
¿Cuántos contagios y fallecidos deben ocurrir para que el Estado se conmueva y proceda adquirir el mayor número de vacunas para nuestro pueblo? El cual ya está sufrido por sueldos miserables para hacerle frente a la hambruna por la hiperinflación, servicios básicos deficientes y sin un seguro de salud porque todo está dolarizado para poder hacer frente al contagio de la COVID-19 que sigue creciendo sin límites dejando a diario fallecidos, comentó.
Narváez le recordó al Estado que el derecho a la vida y a la salud son derechos humanos universales y está obligado a protegerlos como lo establece la Constitución. 600 mil vacunas no son suficientes para una población de 30 millones de venezolanos y su aplicación debe hacerse como lo ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, dando prioridad al sector salud y a los más vulnerables, pero son recomendaciones que no se cumplen en el país.
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