La ONG de Venezuela Provea, indicó la noche de este martes, qué familiares y activistas agrupados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, realizaron una vigilia en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para exigir la libertad de los presos políticos y el cese del empleo del sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden derechos.
#17Dic 8:44PM Familiares y activistas agrupados en el @clippve realizan una vigilia en la Plaza del Rectorado de la UCV, exigiendo la libertad de los presos políticos y el cese del empleo del sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden derechos… pic.twitter.com/Js6RvDhkzF
— PROVEA (@_Provea) December 18, 2024
Vale acotar que las muertes de 3 presos políticos venezolanos bajo custodia del Estado en el último mes, serán parte de informes e investigaciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, prevén expertos.
Jesús Rafael Álvarez, un venezolano de 44 años que había sido detenido junto a su esposa Anny en Bolívar, en el sur del país, murió en el internado judicial de Tocuyito, en Carabobo, a 500 kilómetros de su región de residencia, según familiares.
Tres días después, el Observatorio reportó el fallecimiento de otro preso político, Osgual González, de 43 años, también en Tocuyito. Tuvo síntomas de depresión y una hepatitis tratada tardíamente por las autoridades carcelarias, según sus familiares.
En noviembre, se reportó el fallecimiento de Jesús Martínez Medina, un músico y activista político de Vente Venezuela que había sido arrestado tras las elecciones. Según la oposición y sus familiares, no recibió atención médica oportuna y murió en medio de una operación para amputarles ambas piernas, ya necróticas.
El artículo 43 de la Constitución reza que el derecho a la vida “es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
El gobierno venezolano ha descalificado las indagaciones de la Corte Penal Internacional por considerarlas politizadas, mientras denuncia la existencia de supuestas conspiraciones violentas de actores extranjeros en su contra.
Según el fiscal general de Venezuela y exdiputado del chavismo Tarek William Saab, el Estado ha excarcelado a más de 500 personas tras las elecciones en el marco de su “compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos”.
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