La fiscalía del Ministerio Público y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) iniciaron una averiguación en conjunto por un presunto ilícito de importación, que estarían realizando varias empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos, línea blanca y equipos electrónicos por presuntas irregularidades en la importación y comercialización.
Fuentes judiciales citadas por el periodista Eligio Rojas, del diario de circulación nacional Últimas Noticias, refieren que dichas empresas importarían mercancía mediante el servicio conocido como “puerta a puerta”, diseñado solamente para envíos a personas naturales, pero que sería utilizado “con fines comerciales para evitar el pago de aranceles y evadir impuestos, incluyendo el IVA”.
Según el medio de comunicación capitalino, la investigación la adelanta la Fiscalía 77ª Nacional con Competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, bajo el número de expediente MP-182355-2024.
Hasta ahora hay al menos tres empresas bajo esa investigación, todas asentadas en Maracaibo y que tienen además otras sucursales en la ciudad, así como en municipios foráneos como San Francisco. Quedaron identificadas como Grupo Javi Store, conformado por varias empresas, entre ellas Inversiones Los Próceres 2017, C.A; Maye Import C.A., y Bracho Import 21 C.A.
Últimas Noticias detalló que “las investigaciones preliminares señalan que estas compañías presuntamente han estado utilizando el sistema ‘puerta a puerta’ para ingresar grandes volúmenes de equipos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (neveras, lavadoras, aires acondicionados, cocinas, entre otros) sin pagar aranceles ni cumplir con los requisitos fiscales y aduaneros”.
Entre lo que ha detectado el Ministerio Público durante las averiguaciones destacan el uso indebido del sistema “puerta a puerta” con fines comerciales, evitando el pago de impuestos; evasión del IVA en las ventas, lo que genera un grave daño a la recaudación fiscal; entrega de notas de entrega en lugar de facturas fiscales, lo que deja a los compradores sin respaldo legal ni posibilidad de reclamos; Presunta falsificación o alteración de documentos para justificar el ingreso de la mercancía; y Competencia desleal con empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras.
La comisión de estos hechos implicaría “multas millonarias y sanciones administrativas por evasión fiscal y fraude aduanero, cierre inmediato de los establecimientos comerciales que incumplan la normativa e investigaciones penales contra los representantes legales de las empresas implicadas, con posibles cargos por: defraudación tributaria, fraude aduanero, contrabando agravado y decomiso de toda la mercancía importada de manera irregular.
La motivación para iniciar la investigación es combatir el comercio ilícito y la evasión fiscal, asegurando el cumplimiento de la ley y protegiendo a los consumidores, explicó una fuente judicial.
Desde el Seniat instan a los consumidores y comerciantes a exigir facturas fiscales en cada compra y verificar que los comercios cumplan con la normativa.
También exhortan a denunciar a cualquier empresa que se niegue a emitir facturas legales o que utilice mecanismos irregulares para la importación de mercancía. Igualmente evitar la compra de productos sin respaldo legal, ya que podrían estar sujetos a decomiso y ser investigados como parte de una red de contrabando y evasión fiscal.
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