Cuando Aracelis Sánchez ve la televisión o lee el periódico se fija en quien denuncia la muerte de un familiar o conocido a manos de organismos de seguridad del Estado. Toma nota y emprende una cruzada: busca al declarante hasta que lo consigue. Va a la morgue, tribunales o la fiscalía. Sus propósitos son dos: armar un equipo con víctimas de violaciones de los derechos humanos y buscar la justicia.
Desde 2013, su propia tragedia personal la impulsa a luchar. Su hijo, Darwilson Sequera, fue asesinado por agentes de la policía judicial de Venezuela (Cicpc). Durante dos meses, efectivos del referido cuerpo recorrieron el sector popular en donde aún reside; El Valle, en el sur oeste de Caracas.
“El 11 de junio de 2013 hubo allanamientos sin orden judicial en mi barrio. Entonces llegan a mi casa varios hombres armados. Estaba toda mi familia: esposo y tres hijos. Tiran la puerta y entran. Tratamos de huir y es entonces cuando los policías suben al tercer piso, encuentran y matan a mi hijo. Sin motivo y sin excusa. No tenemos dinero ni padrinos en los tribunales o el gobierno para que los culpables sean suspendidos y juzgados. He denunciado el caso en todas las instancias posibles: tribunales, fiscalía, defensoría del pueblo, presidencia de la República y nada. Seis años de impunidad”.
Sánchez recibe a Infobae en su casa en donde ha armado un enorme archivo de prensa con casos en donde se reportan violaciones a los derechos humanos.
En los pasillos de los tribunales, Aracelis ha conocido a madres, padres, hijos y esposas de víctimas. El patrón es el mismo: residentes en zonas humildes, asesinados por efectivos de cuerpos policiales: Cicpc, Policía Nacional, Guardia Nacional, el Faes.
“Es como si dieran una orden de exterminio a los más pobres, la vida no vale nada y los matan a sangre fría”, interviene Milagros César, madre de José Gregorio César, ejecutado el 26 marzo de 2013 por funcionarios del Cicpc.
“Tenía 19 años y era boxeador, había representado a Venezuela en Cuba, República Dominicana y en Ecuador. Tenía beca de aleta y trabajaba cuando podía como motitaxista. El día de su muerte estaba en Caricuao (otro sector popular) en su moto, en una esquina hablando con un amigo y llegaron los policías y les dispararon. En la morgue nos dijeron que él estaba robando a una persona. Por supuesto que es falso. Era un muchacho serio y dedicado a su deporte. Hay testigos que vieron cómo lo mataron”.
Señala que lo engorroso que es llevar un proceso judicial en Venezuela con abogados pagados por el estado. “Es desesperante, todo está preparado para que el policía malandro no pague y para que el pobre las pierda todas. Muchas veces pensé en dejar el caso así, sin culpables. Pero no. Tengo que hacer justicia por mi hijo y por todos los muchachos que caen en las calles de Caracas. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano”, relata a Infobae.
Aracelis y Milagros lideran la ong Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos (Orfavideh) “porque queremos empoderar a la gente con asesoría de qué y cómo hacer ante un crimen que involucre al Estado. Administradores de justicia indolentes y funcionarios evadidos es la constante. Esta revolución que se dice humanista y solidaria con los más pobres es la que peor los trata”, dice Aracelis.
Son más de 50 familias las que integran la organización. Hasta el presente no se ha enjuiciado o condenado a algún efectivo policial incurso en asesinatos o torturas, “pero la justicia llegará, no dejamos de ir a los tribunales”, señala la persistente caraqueña.
“O se cansan ellos (en tribunales) o me canso yo y no lo pienso hacer. El retardo procesal no va a quitarme el ánimo de luchar por la verdad y la justicia, eso no”, exclama Milagros César.
El trabajo de Aracelis es voluntario. Recibe una pensión de menos de dos dólares por mes. “Vivo de la remesa que mi hijo me manda desde Argentina, sin él, no comemos en mi casa pues mi esposo también es jubilado”.
Zonas de exterminio
Lina Rivera vive en Petare, el sector popular más grande de Latinoamérica, según dicen expertos en demografía. Entre 2017 y 2019 ha perdido a cinco integrantes de su familia, en operativos policiales. Todos hombres y todos menores de 35 años.
“Petare es zona del Faes (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana), entran y salen del barrio. Detienen, torturan y matan a la gente. A los que quizá estén en malos pasos y en especial a los que no; la mayoría de nuestros muchachos que aún están en Venezuela son trabajadores y honrados. El delito es ser pobre y vivir en Petare. Esta generación de niños vive aterrada cada vez que hay un operativo policial y llegan esos hombres vestidos de negro, con la cara tapada. Hay terror y pánico. A uno de mis niños le da fiebre, otro de cuatro años comienza a contar cómo mataron a su tío en mi casa, es un trauma que nunca lo va a superar”.
Desde hace unos meses se unió a Orfavideh “porque la justicia hay que buscarla y qué mejor manera que conociendo a madres que han pasado lo mismo que yo”.
Perdió a su hijo, un yerno un hermano y dos sobrinos. “Todos honrados y con trabajo estable. En estos momentos, no estoy empelada; vivo de la ayuda de familiares quienes me dan dinero para pagar el transporte desde el cerro hasta los tribunales y la Fiscalía. Voté por Chávez en 1999 pero nunca más lo hice, esta revolución destruyó a mi país y a cientos de miles de familias”.
Dijo a Infobae que en el sector Pablo VI de Petare “existe un sitio llamado “El Matadero”, hasta ahí llevan a los muchachos que detienen en los operativos del Faes. Si por casualidad descubren que alguno estuvo preso y que está en régimen de presentación en los tribunales, lo matan sin compasión. La orden es limpiar la zona y eso lo sabe todo el mundo”.
Teme por su seguridad “porque vivo rodeada de policías y de guardias nacionales, acá viven y acá delinquen. Yo me enfrento al que sea y como sea aunque a veces me quiebro. Yo le exijo a Maduro que investigue y que permita que en nuestro país haya justicia”.
Su sobrina Yorllelin Rivera denunció otro caso. Su esposo Edwuar González fue detenido el 15 de junio de 2018 junto a Jesús Medina Rivera, hijo de Lina, quien fue asesinado por funcionarios del Faes.
“Era muy temprano en la mañana y ambos salieron del sector Maca de Petare al mercado mayor de Caracas a comprar mercancía para la venta. El Faes estaba en operativo y los detienen. No supimos de ellos durante cuatro días hasta que Edwuar me llama desde una cárcel y me dice que el Faes mató a Jesús y que él fue torturado y detenido. Me aseguró que le pidieron dólares y como no tenía, le sembraron cocaína líquida y lo acusan de narcotraficante”.
Asegura que su esposo se salvó de ser ajusticiado en “El Matadero” aun cuando dice que “está muerto en vida, la abogada que nos puso el gobierno no se ocupa de él. Su caso no ha pasado a tribunales y un fiscal del Ministerio Público le pidió dos mil dólares para mover el expediente y sacarlo de la cárcel bajo régimen de presentación mensual. No tenemos ese dinero y corremos el riesgo de que lo golpeen en donde está. En enero le pagamos a unos policías para que él pueda tener un celular. Todos los días me llama para que lo saque de la cárcel y a veces se desespera”.
Dijo a este portal que “en la cárcel me piden cinco dólares para que me dejen verlo. Yo no tengo ese dinero. A veces consigo 5 mil bolívares (0.3 centavos de dólar) y los pago para poder hablar con él unos minutos. Tenemos una niña pequeña a quien le hace falta su papá. Edwuar quiere salir de Caracas y llegar a casa de su familia en Mérida (sur occidente) o salir del país. Esa idea no me gusta porque aquí está mi gente pero ante tanta injusticia hay que huir apenas él sea liberado.
Los más pobres, vulnerables
Según lo documentó el observatorio venezolano de la violencia (OVV) esta nación sudamericana fue la más violenta del continente para fines de 2018.
Una investigación independiente hecha por académicos de ocho universidades venezolanas detectó que en diciembre de 2018, Venezuela reportó una tasa de 81,4 homicidios por cada 100 mil habitantes. El año pasado hubo en el 23. 047 muertes violentas. Se clasifican en accidentes, suicidios, asesinatos y enfrentamientos con organismos de seguridad del estado.
De este dato se desprende que 10.422 fallecidos entran en la categoría de homicidios y 7.523 en la de “muerte por resistencia a la autoridad”. Los 5.102 casos restantes están bajo investigación.
Por su parte, la organización de defensa de derechos humanos Cofavic trabaja con casos en donde están involucrados funcionarios policiales. Su directora, la abogada Liliana Ortega, asegura que entre 2012 y 2018 se han reportado 9.530 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en toda Venezuela.
En un informe que revisó Infobae, la organización detectó que entre 2017 y 2018 los casos de muertes en operativos judiciales han sido 3.684.
Los datos señalan que 90% de las víctimas de extralimitaciones de funcionarios policiales venezolanos son hombres. Y 81% no superan los 25 años. La gran mayoría de los crímenes se cometen en sectores en donde residen venezolanos de escasos recursos.
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