La cifra es aterradora: más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales sólo en el primer semestre de este 2020. Hasta el momento, hay datos de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Mérida Trujillo y Zulia. Pero aún faltan procesar datos de algunos otros estados por lo que el número podría aumentar.
“Llevamos más de 1.500 casos registrados y documentados y todavía no hemos terminado de consolidar la base de datos a nivel nacional”, explica a Infobae Marino Alvarado, coordinador del estudio y miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), la ONG que junto al Centro Gumilla lleva registro de los crímenes del régimen venezolano.
Al menos 201 ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Caracas y el vecino estado de Miranda en los seis primeros meses del año: 129 en el estado de Miranda y 72 en el Distrito Capital. Y, en 37 casos, los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.
Una de esas víctimas fue Isaac Mata, de 14 años, quien estaba volando una cometa en el barrio de Coche (Distrito Capital) el viernes 17 de abril cuando una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegó al lugar disparando, según los familiares del niño. Los funcionarios se lo llevaron herido y su cuerpo fue posteriormente localizado en el depósito de cadáveres de Bello Monte. Las autoridades consideran que el joven era un delincuente pero los familiares del menor lo niegan y aseguran que tenía marcas de haber sido esposado cuando se revisó el cadáver.
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En Aragua, el promedio durante los primeros seis meses del año fue de un asesinato por día a manos de los agentes de la fuerza pública. En total, las organizaciones de DDHH registraron 181 ejecuciones extrajudiciales.
La Policía del estado Aragua fue la fuerza que más asesinatos cometió, 65; el CICPC acumuló un total de 49 víctimas; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ocupó el tercer lugar con 30 muertes, y en operativos conjuntos entre el CICPC – CONAS (GNB), CICPC – FAES y FAES – PoliAragua, otras 21 personas fueron asesinadas.
En Carabobo, los asesinatos fueron 123, la mayoría a manos de la policía estatal. Uno de los casos que más impactó fue el crimen de Daniel Alexander López Ramírez, un médico de 28 años. La versión oficial indicó que López Ramírez era miembro de una agrupación delictiva y habría muerto al enfrentarse a los funcionarios policiales que ingresaron a una vivienda ubicada en la urbanización Tesoro del Indio, municipio Guacara, en busca de presuntos delincuentes. Sin embargo, su familia reveló que el médico se encontraba allí porque había sido secuestrado por miembros de una banda delictiva para que atendiera las heridas de uno de sus compañeros. La familia de López aseguró que el médico no se enfrentó a la comisión policial.
En todos los procedimientos realizados por los diversos cuerpos de seguridad de Carabobo no hubo ningún funcionario herido. Los expertos explican que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales-militares y de civiles.
En Sucre, las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron 48. El mes de mayo fue el más trágico del período, con 28 víctimas, mientras que en abril se registraron 11 casos. Del total de víctimas registradas apenas cuatro fueron identificadas.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó de 127 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar. Entre enero y junio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue el órgano vinculado a más casos, con 48 muertes. Pero también aparecen las Fuerzas de Acciones Especiales como responsables de decenas de asesinatos en el estado.
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En enero, por ejemplo, detalla Codehciu, Euclides Fajardo, de 32 años, fue ejecutado de dos balazos por las FAES en San Félix, en Ciudad Guayana. Reportes de prensa explican que familiares de la víctima contaron que los funcionarios llegaron a la vivienda y lo sacaron a la fuerza y lo mataron. Pero la información oficial reseña un presunto enfrentamiento.
En los estados andinos, el estudio registró 101 asesinatos: 41 en Táchira, 24 en Mérida y 36 en Trujillo. Y en Zulia, uno de los estados más importantes del país, La Comisión para los Derechos Humanos local (CODHEZ), cifró en 377 las ejecuciones extrajudiciales de enero a junio de este año.
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En la mayoría de los casos, la versión de las autoridades es que los muertos son producto de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, por lo que en las estadísticas oficiales figuran como “muertes por resistencia a la autoridad”. Estos incidentes ocurren mayoritariamente en zonas de menores ingresos, a hombres y con una edad de entre 18 y 30 años.
“Los allanamientos se hacen sin orden judicial, con frecuencia en la madrugada, y los efectivos policiales se presentan con capuchas, sin identificación visible de sus nombres, violando lo establecido en la ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, conforme al artículo 66”, denuncia el estudio liderado por Provea.
Los organismos de derechos humanos aún están procesando datos del resto del país y adelantaron a Infobae que los darán a conocer en los próximos días.
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