Este fin de semana hubo movimiento desde la base aérea de La Esmeralda hacia Parima B y viceversa. También se supo del traslado a Caracas del indígena adolescente, herido durante la masacre del 20 de marzo, que se suscitó por un problema con Internet, que se encontraba en el hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas.
José Mejías, coordinador de la ONG de derechos humanos FundaRedes, alertó que funcionarios del gobierno intentan negociar con los yanomamis para “enfriar el caso”. El alcalde del municipio Alto Orinoco, Ramiro Moi, llevó a un grupo de indígenas a la vicepresidencia de la república.
Y, este fin de semana, tras movilización aérea hacia Parima B, se conoció que los 15 funcionarios militares que permanecen retenidos por los indígenas en la base militar en demanda de justicia por sus hermanos asesinados, desde el domingo 20 de marzo, serían traslados a Puerto Ayacucho, capital de Amazonas.
Se desconoce si hubo algún acuerdo indígenas – gobierno que facilitara la salida de los uniformados de la base de Parima B. La ONG advierte que hay: “Secretismo y hermetismo” del gobierno, lo cual ha generado un clima de incertidumbre y especulación.
Mejías también aseguró que existe una sensación de impunidad. Teme que el caso quede sin castigo y por eso, lo elevará, formalmente, ante la oficina en Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelette.
El hermano del joven que lo acompañaba en el hospital, también fue trasladado. Ambos son testigos de la masacre. El abogado no fue notificado de la medida.
“Rechazamos el ocultamiento de la verdad de los hechos”
La iglesia católica de Amazonas igualmente cuestionó la forma cómo se han manejado las investigaciones sobre la masacre de Parima B, municipio Alto Orinoco, donde fueron asesinados los indígenas, entre ellos una mujer, sin que, hasta ahora, se haya esclarecido este hecho.
Hasta ahora lo que se ha divulgado es un altercado con funcionarios de la base aérea de la zona por el control del único equipo proveedor de Internet, propiedad de los yanomamis. El saldo fue de cuatro asesinatos y cinco heridos, dos de ellos militares. En respuesta, los indígenas tomaron la base aérea de Parima B, y, actualmente, impiden el relevo de sus 17 militares.
Exigen la aplicación de su ley, de acuerdo con la cual, por los cuatro indígenas asesinados deben cobrar cuatro vidas de sus asesinos. Una comisión integrada por la fiscal 91 nacional en materia indígena, Maribel Canagua, funcionarios del Cicpc y el comandante de la Zodi 63, se trasladaron a la zona, este 30 de marzo, para investigar lo sucedido y tratar de mediar con los yanomamis.
Sin embargo, la iglesia y organizaciones de derechos humanos como FundaRedes y el Foro Penal cuestionan que la comisión, constituida en su mayoría por miembros no indígenas, ha mostrado signos de parcialidad y sesgo político, lo cual ha generado desconfianza en la población amazonense que repudia el hecho y siente que puede quedar impune.
Monseñor Jonny Eduardo Reyes, obispo de la Diócesis, mediante una “declaración vicarial” difundida este jueves 31, manifestó que: “Rechazamos el ocultamiento de la verdad verdadera de los hechos y la intención de poner velos a la misma, aprovechándose de lo difícil que es cubrir la noticia en la zona del país”.
En la declaración del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, se lee: “No se puede juzgar por suposiciones, por decires de una persona a otra y menos con medias verdades o motivos convenidos. También aquí la ley de Dios nos dice ´No Mentirás´, frente a los intentos continuos de querer comprar, negociar, manipular u ocultar la verdad”.
Agrega que: “Confirmamos la vocación de servidores públicos que tenemos muchos ciudadanos en la sociedad. Estamos para servir no para amedrentar, perseguir o vejar”.
Las ONG, por su parte, cuestionan la exclusión del defensor del pueblo de Amazonas, Gumersindo Castro Arana (piaroa) y de organizaciones indígenas como la Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba) y la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia), piezas también fundamentales en la investigación para velar por los derechos indígenas.
El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, que también considera un sesgo esta exclusión, publicó este jueves en su cuenta de Instagram que, después de 11 días del conflicto en Parima B, en el estado Amazonas, la situación sigue tensa y aún queda mucho por aclarar.
El miércoles 30, finalmente, la fiscal y su equipo se trasladaron a Parima B con el propósito de evaluar y hacer un registro de la situación en el lugar de los hechos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo delegado del estado Indígena de Amazonas fue excluido de todas las comisiones que siguen el caso, lo que pudiera ir en detrimento de los yanomamis, ya que la defensoría funge como garante de los derechos humanos y de los pueblos indígenas”, refiere Wataniba.
La organización informó que otras agrupaciones indígenas como Horonami, organización de base de los Yanomamis, del mismo modo han manifestado su descontento, públicamente, por el desequilibrio entre los actores que negocian un acuerdo de justicia en el conflicto.
Recomienda: “Wataniba al igual que Horonami, considera que la interlocución intercultural es fundamental para facilitar un diálogo justo que no esté marcado por relaciones asimétricas de poder y evitar que el conflicto tome tintes políticos y que no se les garantice sus derechos o la justicia que reclaman”.
Declaratoria de emergencia
Tras el asesinato de los cuatro yanomamis, la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas, Orpia y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Coica, instan al gobierno nacional a “declarar la Amazonía venezolana en emergencia”, informó Wataniba.
Estas organizaciones reflejan que el motivo fútil que originó la masacre solo fue un detonante de una situación mucho más profunda, ocasionada por la minería ilegal.
La expulsión de los militares de la serranía de Parima y de todo grupo armado sería la primera medida de esta declaratoria, incluso avalada y exigida por la misma Coiba, afín al gobierno revolucionario.
Wataniba confirma: “El hecho ocurrido entre efectivos militares de la base aérea de Parima B y la comunidad yanomami de la zona pone en relieve un problema con raíces profundas. Aunque la señal WiFi haya sido el detonante, no se trata de un hecho aislado. Es el resultado de un cúmulo de tensiones, abusos y violaciones a los derechos fundamentales a los pueblos indígenas que, desde hace décadas, han sido denunciadas por organizaciones indígenas, de derechos humanos, activistas y las propias víctimas”.
También, la ONG Alerta Venezuela recalca que la minería ilegal es causante de 30 años de agresiones al pueblo Yanomami, entre las que se recuerdan las masacres de Haximú (1993), Momoi (2009), Hokomawe (2010), Irotatheri (2012).
Más recientemente, para continuar la devastación de la minería ilegal, se han sumado a las mafias de garimpeiros, los grupos irregulares ELN y FARC en connivencia con funcionarios militares y policiales corruptos de la FANB, Sebin, PNB y Cicpc, según afirma la organización SOS Orinoco.
Actualización de los hechos
El viernes 1 de abril, fue vox populi en Puerto Ayacucho, que la tensión en Parima sigue. Los indígenas continúan con su petición de justicia para sus hermanos asesinados, sin embargo, solo la comisión que encabezó la fiscal nacional, que estuvo el 30 en la zona, conoce a qué acuerdos llegaron con la comunidad, informó el coordinador de FundaRedes, José Mejía.
El defensor de derechos humanos cuestiona la falta de información para aliviar la tensión de la población por parte de las autoridades, toda vez que la fiscal nacional retornó a Caracas tras su regreso de la serranía amazonense.
Parima B es una zona selvática e intrincada, ubicada a dos horas, vía aérea, de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas y a cuatro días a pie. No tiene acceso por carretera, por lo que todas las comisiones que se han trasladado hasta la zona son gubernamentales, aseguran el coordinador de FundaRedes y Olnar Ortíz, coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal.
De modo extraoficial, se conoce que tras lo sucedido solo han podido ir a la zona la exministra indígena y alcaldesa de Atures, Yamilet Mirabal, el comandante de la Zodi 63, un fiscal militar, la fiscal IV de Derechos Fundamentales de la fiscalía de Amazonas y, más recientemente, la fiscal nacional con los funcionarios del Cicpc y Zodi.
De los indígenas fallecidos se comentó, también de modo informal porque no hay parte oficial, que, de acuerdo con la costumbre, la comunidad yanomami realizó la ceremonia de la muerte mediante la cual incineran los cuerpos y consumen sus cenizas.
Sobre los indígenas heridos, el más joven, un adolescente de 16 años de edad, fue intervenido quirúrgicamente tres veces en el hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho y su estado de salud es estable. El cacique de la comunidad y su esposa, también heridos, pero no de consideración, se encuentran en la comunidad.
Los dos militares heridos, inicialmente trasladados al hospital de Puerto Ayacucho, fueron llevados a Maracay, Aragua, sitio de adscripción de la base aérea de Parima. Están fuera de peligro.
Con información de Crónica uno
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