Zulia se mantiene como el estado fronterizo más peligroso de Venezuela: en el primer semestre del año, Fundaredes registró elevada incidencia de homicidios y enfrentamientos armados. Solo en el mes de junio en la entidad se documentaron 18 asesinatos, 1 desaparición o secuestro y 7 enfrentamientos. Los datos están señalados en un informe recientemente divulgado por la organización.
“Los hechos violentos se han convertido en sucesos cotidianos para los habitantes del estado Zulia. Pero principalmente para quienes residen en los municipios de la zona sur del lago de Maracaibo, donde La Cañada de Urdaneta destaca especialmente por la cantidad de muertes registradas en su jurisdicción”, reveló la investigación.
Fundaredes indicó que en el municipio Jesús María Semprún la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó un campamento utilizado por guerrilleros para almacenar armas de alto calibre, con las que realizan sus actividades al margen de la ley. Y agregó que dos militares quedaron con graves heridas e incluso amputaciones luego de caer en minas antipersonales en Santa Bárbara del Zulia.
Proliferación de grupos criminales
En los municipios Maracaibo (capital) y Miranda los enfrentamientos armados ocurrieron con más frecuencia, indicó. Los cuerpos de seguridad constantemente chocaron con algunas de las múltiples organizaciones delincuenciales que han proliferado en la zona, como las de alias el Oso, alias el Chuky o alias el Caracas. También hubo fuego cruzado entre civiles y los llamados piratas de carretera.
“En varios sectores de Maracaibo se han detectado redes activas de prostitución infantil, operando en las comunidades más vulnerables del municipio. Las autoridades estadales han rescatado a más de 50 menores entre los 14 y 17 años de edad, víctimas tanto directa como indirectamente de esta deleznable práctica delictiva”, afirmó.
Control de la explotación minera
En el caso de Bolívar, se posiciona como la segunda entidad más violenta de la frontera venezolana por los constantes enfrentamientos generados por la disputa en el control de la explotación minera y de sus territorios estratégicos. En los conflictos, señaló, participan grupos armados irregulares, bandas criminales y miembros grupos de mineros ilegales.
“Allí la acción de los grupos armados y bandas criminales, además de vulnerar la seguridad y la paz de los habitantes y especialmente de las tribus indígenas autóctonas del lugar, genera un grave daño al ambiente, que se ha visto deteriorado por la minería ilegal que usa metales pesados altamente contaminantes para la extracción del oro, afectando seriamente la fauna y la flora que forman parte del frágil ecosistema selvático”, destacó.
La explotación ilegal, advirtió, ha generado un severo impacto social en las comunidades aborígenes, que se ven mancilladas, degradadas, violadas, acosadas, hostigadas, utilizadas para trabajos forzados, prostitución y todo tipo de situaciones que violentan su integridad física y mental.
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