Para la directora del Cepaz Beatríz Borges en Venezuela «hay un cóctel de terror para que la trata ocurra». Apuntó que a la práctica mundial de este flagelo se suma la emergencia humanitaria compleja que ha generado la movilidad humana y con ello el incremento de la vulnerabilidad de las mujeres venezolanas
Orianny Granado | Roison Figuera | Tal Cual
Los delitos de trata y tráfico de personas de migrantes y refugiados venezolanos han crecido aceleradamente en el último año. Así lo advirtió David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de los migrantes venezolanos designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.
Durante el foro «Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el Estado», realizado por TalCual a propósito del día internacional contra la trata de personas, Smolansky reiteró que la crisis que vive Venezuela no tiene precedentes y es por esa razón que la ola migratoria ha llegado no solo a países de Suramérica, sino también a naciones de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
El funcionario designado por el presidente de la AN, Juan Guaidó, aseveró que la crisis migratoria se ha documentado desde el año 2015 y que las redes de trata y tráfico de personas se aprovechan de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes. Informó que el más reciente estudio de Stop Human Trafficking dio cuentas que desde 2018, unas 337 venezolanas migrantes han sido traficadas en Guyana, convirtiéndose en la nacionalidad con más victimas de tráfico de personas en esa nación y que 90% de ellas son menores de 27 años.
«También tenemos todo el drama que se da hacia el mar Caribe, sobre todo entre el estado Sucre y Trinidad y Tobago. Se calcula que al menos 4.000 venezolanos han sido traficados a través de Trinidad, muchos de ellos desesperados por salir de la crisis. Se trata de grupos criminales que los terminan llevando a ese país y luego los llevan a otra isla del Caribe o son vendidos a otro continente como Asia», agregó.
El comisionado de la OEA para la crisis de los migrantes venezolanos recordó que según las Naciones Unidas la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo y que genera aproximadamente unos 32 mil millones de dolares.
Detalló que hasta el momento 5,2 millones de venezolanos han salido del país escapando de la crisis política, económica y la emergencia humanitaria compleja, siendo el país con mayor cantidad de receptores Colombia, que alberga a 1 millón 800 mil ciudadanos, seguidos de Perú, Ecuador y Argentina.
Smolansky resaltó la importancia de elevar la visibilidad de estos delitos y tener claro que así como cada vez hay más venezolanos victimas de la hambruna o de la situación que se vive en los hospitales, de violaciones de derechos humanos o la inseguridad también se debe tener en cuenta que las redes de trata han crecido mucho más.
A su juicio, tienen que haber más iniciativas por parte de la comunidad internacional y que eso incluye al propio interinato, justamente para erradicar estos delitos «y eso lo hemos propuesto a lo interno de la OEA». Smolansky enfatizó en que debe haber cooperación de los países vecinos de Venezuela. Consideró que de parte de Trinidad y Tobago no ha habido cooperación sino que se han convertido en santuarios para la actividad ilícita.
La trata no es nueva
Beatríz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), organización que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela, señaló que la trata de personas no es un tema nuevo o exclusivo del país sino que es una practica que junto a otras modalidades se consideran como métodos de esclavitud moderna.
Apuntó que se estima que este flagelo afecta a 25 millones de personas en el mundo. En este sentido, resaltó que debe entenderse que el matrimonio forzado, la prostitución forzada, la explotación sexual son parte de este término que implica violaciones de derechos humanos en todo el ejercicio de su práctica, pues en principio socavan la libertad de las víctimas.
«Si bien es cierto el tema de la trata hoy en día se ve en una dinámica vinculada a la movilidad humana, hay que rescatar que muchas organizaciones que han hecho seguimiento también han denunciado el incremento de estas prácticas a nivel interno», agregó.
Recordó que para el año 2008 se llegó a denunciar 170.000 casos de trata, convirtiéndose en una de las naciones con mayor prevalencia de estos delitos junto a países como Haití o República Dominicana en ese momento. Alertó que la crisis ahora crece por la migración.
Beatríz Borges dijo que muchos de los elementos de estas prácticas tienen su origen en dinámicas de movilidad humana. Otro factor resaltado por la también abogada son las dimensiones de genero, apuntó que 72% de la víctimas son mujeres y niñas por lo que consideró necesario entender e identificar las poblaciones de riesgo.
«Es importante destacar que en estos términos hay diferentes factores que exacerban estos delitos. Tienes la práctica mundial de estos delitos y la emergencia humanitaria compleja que ha generado la movilidad humana. Hay un cóctel de terror para que la trata ocurra», manifestó.
A su juicio, se debe levantar la mirada tanto en países de origen como también en naciones de tránsito y destino de los migrantes y refugiados venezolanos para detectar estas redes.
Precisó que 372 mujeres fueron rescatadas en 2018 y 480 en 2019 en países de tránsito y destino. Aseveró que es necesario entender que la explotación sexual en muchas naciones suele ser una anormalidad en la que las victimas son acusadas de ser las culpables. Explicó que en estos casos muchas personas acceder coaccionadas, sobre todo en situaciones de superviviencia. En este sentido, resaltó la importancia de no revictimizar a las personas.
De acuerdo a lo señalado por Borges se usa la amenaza y la extorsión para anular la capacidad de consentimiento de las víctimas y abusar de ellas, no siempre por beneficio económico sino también por placer sexual o «por el hecho de usar el cuerpo de la mujer como mecanismo de transacción».
Lo que destapó la olla
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Robert Alcalá coincidió con Borges durante el foro «Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el Estado» al asegurar que este delito no es nuevo. El parlamentario comentó que hay un antes y un después en la trata de personas como delito de dominio público, pues aunque este flagelo se cometía en años anteriores no era visibilizado y denunciado. Tampoco era manejado por ciudadanos y mucho menos por el Estado.
Recordó que el tema de la trata de personas se destapó con la desaparición del bote Jhonaily José el 23 de abril del 2019, embarcación que partió de Güiria, estado Sucre hacia Trinidad y Tobago y se le perdió el rastro junto a la mayoría de sus tripulantes.
Alcalá detalló que las bandas dedicadas a estos delitos van a sectores vulnerables y acuden a personas de bajos recursos o muchachas muy jóvenes, les ofrecen mejoras en la calidad de vida y cuando las trasladan a otra partes del país es que esas jóvenes se dan cuenta que son víctimas de estas mafias.
Detalló que aunque han detenido a algunas personas vinculadas a este delito aún no han sido juzgadas y no se ha hecho justicia con más de un centenar de venezolanos que están desaparecidos. Matizó que se ha logrado que organismos internacionales presten atención a la situación que se vive en Venezuela, entre ellos la Acnur, fundaciones y también la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por otra parte, denunció que pese a los intentos del Parlamento de establecer coordinación con el gobierno de Trinidad y Tobago esto no se ha logrado. El diputado sucrense mencionó que tras el censo de venezolanos en ese país las autoridades trinitarias no han queridos colaborar más con Venezuela y mucho menos con los familiares de los desaparecidos.
«Desde el Parlamento hemos tratado de hacer lo humanamente posible por tener la colaboración de Trinidad, pero la piedra de tranca es que la fiscalía, el fiscal nacional, y en Sucre se niegan a colaborar. Hubo diputados del PSUV que se sumaron a la comisión investigadora y no hicieron nada. La Cancillería tampoco ha hecho nada», añadió.
Sin atención
Ana Arias, madre de Luisanny Betancourt una de las jóvenes que embarcó el bote Jhonaily José, relató durante el foro su experiencias con los funcionarios de seguridad a la hora de hacer la denuncia de la desaparición de la menor de edad. Contó que en la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) nunca la tomaron en serio aún cuando hizo la denuncia una semana antes de que la embarcación zarpara.
Arias recordó que incluso facilitó a las autoridades de la entidad el número telefónico por el que su hija le dijo que la tenían secuestrada y que le estaban pidiendo dinero para poder liberarla. Los funcionarios nunca hicieron nada.
Mencionó que una muestra de que el gobierno de Nicolás Maduro no ha atendido el caso es que luego de un año y tres meses no ha habido respuestas de nada y que los familiares ni siquiera están seguros del estado en el que se encuentra el estatus.
Agradeció a la AN, a organizaciones internacionales y medios de comunicación por el apoyo que le han dado. Asimismo, aseveró que aunque ha pasado un año y tres meses si ver a su hija si saber cómo está siente que ella y el resto de los desaparecidos están vivos y continuará la luchas hasta que aparezcan.
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