La fiebre del oro causada por el Arco Minero del Orinoco llegó hasta el Parque Nacional Canaima. Al menos 521 hectáreas de los ecosistemas de esa zona protegida sufren el impacto de la extracción de oro con métodos semi mecanizados y el uso de mercurio, un metal pesado altamente tóxico.
Primer Informe
La información contenida en un reporte presentado por World Heritage Watch, fue proporcionada por la organización SOS Orinoco, y denuncia también que al menos 20 balsas mineras están contaminando las aguas cristalinas de ríos vecinos al famoso Salto Ángel.
La política del régimen chavista para la extracción de minerales metálicos y no metálicos (principalmente oro y coltán) supone una de total apertura a la minería sin control.
Aunque el Arco Minero del Orinoco tiene una área geográfica delimitada, en la práctica su implementación ha alentado el surgimiento de sitios de explotación minera fuera de su delimitación, tal es el caso del parque nacional Canaima.
La ausencia de autoridades ambientales y el hecho de que no exista un marco de regulaciones claro para la actividad minera presentan una perspectiva poco alentadora para ese parque nacional venezolano en los próximos años.
La minería no solo afecta a la que es una de las zonas de mayor bio diversidad del mundo sino que también perjudica al pueblo Pemón que habita la zona.
Actividad en aumento
Esta imagen satelital muestra los efectos de la minería ilegal en las riberas del río Carrao dentro del parque nacional Canaima.
Las denuncias sobre minas ilegales dentro del Canaima o en sus alrededores no son nuevas. Ya en el año 2015 se reportaban 252 hectáreas afectadas por la extracción el oro en lugares adyacentes al parque y cercanos a las localidades indígenas de Kavanayen, Wonken y Arabopo.
Ese informe contemplaba un aumento creciente en los 10 años anteriores lo cual impactaba el ecosistema y también a las sociedades de pueblos indígenas y habitantes criollos de la zona.
En 2018 el equipo de la organización SOS Orinoco publicó un informe respaldado con imágenes satelitales en el que se detallaban 15 minas ilegales dentro de parque y otras 18 en sus adyacencias. Allí se señalaba que los sedimentos y contaminantes de estas actividades van a parar al río Caroní, por lo que se estima que el mismo podría estar contaminado en un 70% por el mercurio de la minería.
Aunque la superficie del parque afectada equivale a un 0,18% del total de su extensión, se entiende que las consecuencias de esa minería ilegal son significativas pues no están limitadas al lugar en donde se encuentran las minas sino que abarca todo el área hasta donde los ríos transportan los residuos contaminantes.
Mafias y crimen
Un reciente trabajo de periodismo de investigación reportó la presencia de 20 balsas mineras a solo 23 kilómetros del Salto Ángel. 14 de las embarcaciones se encuentran en el sector Arenales, 5 a lo largo del río Carrao y una en Akenan.
También se descubrió una red criminal asociada a un hombre de negocios responsable por la construcción de instalaciones ilegales para la práctica del turismo en el corazón del parque nacional. Esa edificación también sería como centro de las operaciones de minería ilegal.
Las minas más grandes dentro de Canaima se encuentran hacia la frontera sur del parque, el complejo de minas Campo Alegre, el cual ocupa alrededor de 293 hectáreas.
La minería ilegal, incluye el reporte de World Heritage, va asociada a la violencia que el crimen organizado ejerce para poder mantener su control sobre la actividad. Políticos, militares y pandillas criminales son señalados como responsables de toda esa explotación minera.
Sin embargo, el mayor perdedor de toda la situación es el pueblo Pemón, víctima de masacres, violencia y la destrucción de su organización social tradicional. Muchas veces los pemones son desplazados de sus territorios ancestrales por oponerse a la minería y las actividades extractivas ordenadas por el chavismo.
Situación crítica
El informe concluye que sin duda existe la necesidad de reclasificar el parque nacional Canaima como en estado de «peligro crítico». Más aún contemplando la compleja y creciente crisis humanitaria que experimenta Venezuela y el apoyo abierto del régimen chavista a la minería incluso con el apoyo de comunidades indígenas.
Al haber Venezuela abandonado sus obligaciones ambientales, recomienda World Heritage Watch, es necesario incluir al Parque Nacional Canaima en la lista de Patrimonios en peligro, una acción política que podría animar a actuar de forma decisiva y asertiva para detener la minería ilegal dentro de los límites del parque.
De esa forma también se podría encontrar apoyo internacional para presionar y revertir las amenazas, erradicar la minería y lograr una gobernabilidad sostenible junto con los pueblos indígenas e la zona y conservar las cualidades que motivaron la designación de Canaima como un Patrimonio de la Humanidad.
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