Las denuncias realizadas por familiares de presos evidencian cómo las extorsiones por parte de funcionarios del Estado para trasladar a los reclusos a tribunales, agudizan el retraso en los procesos judiciales de Venezuela.
A principios de marzo, un grupo de reclusos inició un motín en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Las Acacias, un centro de detención preventiva ubicado en el estado Carabobo, debido a las precarias condiciones en las que estaban detenidos.
Mientras varios de los reclusos prendían fuego a sus celdas, en las afueras del calabozo policial los familiares de los internos explicaban a la prensa que, para que sus parientes sean trasladados a tribunales, tienen que “pagar vacunas” a los funcionarios.
“Me han solicitado gasolina; si no tengo gasolina, me piden cinco dólares o 10 y si no lo doy, no sacan el muchacho al Palacio (tribunales). Entonces me toca darlo porque esa es una vacuna”, aseguró el familiar de uno de los reclusos, según reseñó La Patilla.
No es la primera vez que se confirma este tipo de pagos o extorsiones por parte de funcionarios a cargo de centros penitenciarios. En abril de 2021, familiares de reclusos en un centro de Caracas denunciaron cobros hasta de US$ 20 por llevar a los detenidos ante los tribunales o de US$ 5 para acceder a ciertos alimentos.
Los uniformados han visto una oportunidad en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela para cobrar las “vacunas”, que van desde alimentos, combustible y dólares para efectuar los traslados de presos a los tribunales.
Análisis de InSight Crime
Pese a que el retardo procesal es uno de los principales problemas en el sistema penitenciario de Venezuela desde hace varios años, este tipo de cobros por parte de funcionarios retarda aún más el sistema judicial del país.
Más del 70 por ciento de los internos alojados en el sistema penitenciario de Venezuela no han sido condenados, según un reciente informe de la organización de la sociedad civil venezolana CIVILIS Derechos Humanos. Algunos detenidos se encuentran atrapados en celdas policiales temporales desde hace tres años mientras esperan ser transferidos a una prisión formal, según familiares de venezolanos encarcelados que hablaron con InSight Crime bajo la condición de anonimato.
En su más reciente informe, presentado el 9 de marzo, la ONG Una Ventana a la Libertad informó que, en el 75,8 % de las 302 sedes policiales y militares que monitorean, se registraron casos de extorsiones durante 2021.
“Para acceder a las visitas conyugales es la forma de extorsión más frecuente, alcanzando el 37,55% del total (de extorsiones)”, señala el informe.
Los bajos salarios de policías y militares, la impunidad y la falta de políticas públicas para hacerle frente al retardo procesal, parece indicar que no habrá una solución en el corto plazo.
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