El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, cumple este sábado 22 de enero 204 días de detención arbitraria por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, sometido a un juicio injusto y con su salud en constante deterioro.
Así lo denunció Provea por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, «Su salud se deteriora: Hoy #22Ene el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, cumple 204 días preso, víctima de arbitraria detención y juicio injusto. Requiere atención médica adecuada y urgente. Exigimos su libertad Defender derechos NO es delito».
Su salud se deteriora: Hoy #22Ene el defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, cumple 204 días preso, víctima de arbitraria detención y juicio injusto.
Requiere atención médica adecuada y urgente. Exigimos su libertad
Defender derechos NO es delito pic.twitter.com/MAO6hHzMmt
— PROVEA (@_Provea) January 22, 2022
El pasado 13 de enero, el director de esta ONG, Gonzalo Himiob, informó que Tarazona fue trasladado a un hospital y, posteriormente, devuelto a su centro de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide.
«A las patologías ya graves de Javier Tarazona (director de la ONG) Fundaredes, se le suma insuficiencia venosa tipo II. Fue trasladado a un hospital y devuelto a El Helicoide. Necesita tratamiento médico urgente», escribió Himiob en su cuenta de Twitter en esa ocasión.
La libertad de Tarazona, considerado como la principal voz de denuncia en el conflicto desatado en marzo del año pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente de las FARC, ha sido solicitada por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos como AI, que el pasado 14 de enero reiteró la solicitud y alertó sobre el deterioro de su salud.
Tarazona fue arrestado en julio de 2021, junto a su hermano Rafael Tarazona y el también activista Omar de Dios García, excarcelados posteriormente aunque también deberán ir a juicio.
Todos ellos están acusados de terrorismo e instigación al odio.
Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.
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