El gran objetivo de las sanciones debiera ser fracturar a la clase gobernante para obligarla a negociar, el atacar a las fuerzas periféricas que no son partidarias del régimen, aunque a veces lo parezcan, no es inteligente ni oportuno. El camino que nos queda, casi por reducción al absurdo tras haber fracasado todas las anteriores iniciativas, es retomar la vía electoral y el próximo compromiso son las regionales que están a la vuelta de la esquina. Es una ruta larga, llena de obstáculos y dificultades pero que nos permitiría acumular fuerzas para un eventual cambio de régimen en un mediano plazo. Tarea difícil, pero necesaria.
Mucho se ha debatido en Venezuela sobre el tema de las sanciones que países soberanos han impuesto a nuestro país, por considerar que han habido violaciones a normas o reglas internacionales. Los fervientes defensores de las mismas argumentan que este mecanismo de presión internacional serviría para romper la unidad de las Fuerzas Armadas, sostén casi único del régimen que gobierna a Venezuela para lograr una transición hacia la democracia. Otros más tímidos, y con más razón, argumentan que el único propósito de las sanciones es obligar al régimen de Nicolás Maduro a negociar. Y por último, hay un creciente grupo de analistas que, como hasta ahora las sanciones no han cumplido con ninguno de los supuestos anteriores, se declaran contrarios a las sanciones con la sobrada razón que las mismas solo han producido más pobreza y trabas para el sector privado por culpa fundamentalmente del nunca traducido “overcompliance”.
Probablemente encontremos razones de peso en los tres grupos para defender las respectivas justificaciones, en lo personal, no satanizo y menos bendigo a las sanciones. A mi juicio sin pretender ser nada original, las sanciones no son ni buenas ni malas, solo depende del uso que se les de… Por ejemplo, un asunto poco mencionado en cuando a las cosas positivas de las sanciones es que las mismas -qué duda cabe- han servido para desmontar un Petroestado ineficiente y terminar con un capitalismo de Estado todopoderoso para darle paso a una mayor incidencia del capital privado en la vida económica del país. Un hecho positivo sobre el cual apenas se empiezan a ver sus favorables efectos.
En cuanto a la clasificación de sanciones generales y sanciones personales, yo prefiero calificarlas como sanciones inteligentes y sanciones torpes. Las primeras ayudan al objetivo cualquiera que fuese, las segundas lo obstaculizan.
La anterior introducción me da paso para el objetivo real de este articulo, que no es precisamente dar una cátedra sobre las sanciones, repito, que hay mucha gente calificada opinando al respecto, sino para remitir mi opinión a las recientes sanciones de la Unión Europea contra “funcionarios” venezolanos: José Brito; Bernabé Gutiérrez; Indira Alfonzo; Leonardo Morales; Tania D’Amelio; Remigio Ceballos; Omar Prieto; siete Magistrados del TSJ; José Miguel Domínguez (Faes); dos directores de la Dgcim; un fiscal militar; un viceministro, y Douglas Rico.
Difícil defender a cualquiera de los miembros de esta lista, lejos estoy de hacerlo, pero lo primero que mueve a la reflexión es la oportunidad de las sanciones de la Unión Europea, que no ha sido precisamente muy ágil ni efectiva en cuanto a su política contra el régimen de Maduro, pareciera ser que ahora existe una mayor empatía con los Estados Unidos de Joe Biden para coordinar acciones, ojalá que sea así.
“Me parece que el ritmo de sanciones de cuando en cuando sigue creando unas expectativas de cambio de régimen que no ha ocurrido, y pienso que no ocurra por esta vía”
De las anteriores sanciones llama especialmente la atención las aplicadas a Leonardo Morales, un desconocido personaje que ocupó un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la renuncia de Rafael Simón Jiménez, y cuya actuación en el proceso electoral del 6D ha sido nula, por no decir inexistente. Su nombramiento es atribuible al cupo de la mal llamada “mesita”.
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