Aunque distintos flancos atacan a las universidades, hay uno de ellos aplicado desde el régimen de Nicolás Maduro, silencioso pero muy corrosivo: jugar al desgaste hasta que por fuerza mayor las autoridades, docentes y estudiantes se desmovilicen y las universidades queden en limbos legales y operativos que las hagan más vulnerables.
Con el fallecimiento del profesor Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar (USB) y figura fundamental en la lucha que han tenido que enfrentar las autoridades de las universidades autónomas para mantener la institucionalidad, se profundiza una política de desgaste que abrió la puerta para que las designaciones de cargos vacantes sean hechas a dedo desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario y el Ministerio de Educación Universitaria, sin respetar las competencias de cada Consejo Universitario, lo que ha debilitado la capacidad de acción dentro de las casas de estudio que acumulan casi diez años de retraso sin poder renovar los cargos de sus autoridades.
El mismo escenario se repite en los rectorados de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Unexpo, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y por consiguiente en todos los cargos que corresponden a sus consejos directivos y decanatos.
Los cuatro cargos principales –rector, vicerrector administrativo, vicerrector académico y secretario– se deben renovar cada cuatro años y se eligen a través de la votación de los miembros de la comunidad académica, regulados por una comisión electoral que responde y organiza elecciones según los reglamentos internos de cada universidad.
Pero desde el año 2011 el TSJ trancó el juego, debido a que la Sala Electoral y luego la Constitucional admitieron recursos sobre los cuales no hay decisión alguna, lo que ha impedido la realización de nuevas elecciones. Este año se cumplirá una década de esta situación, y por tanto el desgaste consecuente de quienes ocupan los cargos: renuncias, emigración, viajes, permisos no remunerados, problemas de salud e incluso el fallecimiento de cuatro autoridades universitarias aún en ejercicio: la muerte del rector Planchart; en 2017 el fallecimiento del rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Francesco Leone; en julio de 2016 murió la vicerrectora administrativa de la Universidad del Zulia (LUZ), María Guadalupe Núñez; y en diciembre de 2015 falleció el secretario de la Universidad de Oriente, Juan Bolaños Curvelo.
Mal precedente
Como lo establecen los reglamentos de cada universidad, ante la ausencia absoluta se debe convocar a elecciones de inmediato. Pero como el proceso electoral sigue en un limbo jurídico, lo que corresponde es que el consejo directivo de cada institución designe un rector o rectora interina.
Pero los precedentes de lo que ha ocurrido en la USB previos a la muerte del rector Planchart no son muy alentadores. En 2017, ante la renuncia del vicerrector académico Rafael Escalona, el entonces ministro de Educación Universitaria, Hugbel Roa, intervino durante una sesión del Consejo Nacional de Universidades para omitir la consulta interna que había hecho la comunidad universitaria, en la cual había resultado electo como sustituto el profesor Óscar González.
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