Mientras el oficialismo firma acuerdos con agencias internacionales, por otro atenta contra las ONG del país, que son el brazo operativo de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
María de los Ángeles Graterol | Tal Cual
En Venezuela, las ONG son blancos de ataques del gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses han sido víctimas de hostigamiento, agresiones y amenazas, pese a que, en medio de la crisis humanitaria que afecta al país, son el puente a través del cual las poblaciones más desfavorecidas reciben ayuda.
Desde inicios de año las amenazaron con que les caería todo el peso de la ley por presuntamente robar dinero. Incluso en 2020, cuando existía la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, diputado electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, ya prometía una ley que impediría el financiamiento internacional de estas organizaciones. Hoy, un año después, esa ley pasó a ser una norma sublegal a la que ya estas organizaciones tienen que hacerle frente.
En un intento por controlarlas, emitieron en Gaceta Oficial Nro. 42.098 la providencia n° 001-2021, con fecha del 30 de marzo, donde se establece que estas agrupaciones deberán registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y proporcionar información que comprometería su libertad y su seguridad, pues se verían obligadas a dar datos sobre su personal, donantes, beneficiarios y movimientos financieros.
Al respecto, en el foro de TalCual «¿Qué implica la norma contra los ONG?«, la directora de la organización de carácter humanitario Prepara Familia, Katherine Martínez, comentó que esa medida vulnera sus derechos y minimizaría su capacidad operativa, pues su aplicación, por implicar entrega de información de donantes , los dejaría entre la espada y la pared y podría significar una merma en recursos.
Aseguró que el carácter de defensores que tienen estas asociaciones, existen protocolos relacionados con la revelación de información de los organismos, nacionales o internacionales, de quienes reciben dádivas o aportes, y que tienen que complirlos. Pero los donantes son sólo uno de los actores que se ve amenazado con esta jurisprudencia. Aquellos que reciben la ayuda directa son otro.
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