Debido a la extensión de la resolución 004-2020 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, donde continúa suspendido el sistema judicial que incluye causas y lapsos procesales, a juicio de dos organizaciones defensora de los derechos de los privados de libertad esto ocasionará más hacinamiento en las centros de reclusión del estado Táchira.
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira.-
Así lo refiere Raiza Pino, directora del Observatorio de Prisiones del Táchira, quien señaló que este decreto es el número cinco, lo que significa que han pasado más de cuatro meses, donde los abogados no han podido trabajar.
Los tribunales penales laboran a través de guardias, donde una persona que es detenida en flagrancia, es presentada ante este organismo en las siguientes 48 horas.
«Este retraso es imperdonable, porque hay reclusos que tienen delitos menos graves que con audiencias preliminares, y en caso que haya cometido el delito, pudiesen admitir los hechos, pudiesen optar a un medida cautelar sustitutiva» expresó.
Dijo que los juristas no pueden presentar escritos de diligencias de investigación a fin de probar la inocencia de los defendidos, lo que viola el derecho a la defensa a la persona que está privada de libertad.
También, está incluido las medidas urgentes, como lo es, el derecho a la salud, donde ante presentar un escrito que el recluso está enfermo, el juez emite la medida de traslado a un centro hospitalario.
«Los abogados hemos mencionado que estos decretos son inconstitucionales pues el artículo 26 de la Constitución Nacional reza el acceso a la justicia, el cual debe ser expedito, es decir, de inmediato, de lo contrario, se viola este artículo» apuntó Pino.
En el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, en el municipio Córdoba, existe más de mil reos entre el I y II, 200 mujeres, y 265 en Procemil, quienes esperan la continuidad en los procesos judiciales.
Audiencia virtual
Dijo que una alternativa para evitar el retraso procesal, serían establecer audiencias virtuales, «donde sabemos que el internet falla, pero para ello, se buscaría alternativas, como aparatos electrónicos que los mismos abogados pudiésemos llevar a un tribunal, y ponerlo a la orden del Estado al momento de realizar la audiencia».
También, se facilitaría un teléfono inteligente al recluso desde centro carcelario para poder realizar esto, medida que solo serviría para las audiencias preliminares de control.
Víctimas no tienen justicia
Para la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano, Raquel Sánchez dijo que el retraso procesal ocasiona que las víctimas no tengan justicia, pues con las causas paralizadas, no se pueden hacer ningún uso de ellas.
«No se puede buscar justicia en este momento porque está paralizado, además, pasa el tiempo y no se investiga, las pruebas se difuminan en el proceso y hay pruebas que son imposibles de repetir» apuntó Sánchez.
Según la ley, los juicios no se pueden extenderse más del tiempo establecido, es decir, «el juicio que ya se arrancó se puede suspender por unas causales muy especificas y para ello, se debe cumplir los requerimientos establecidos en el código de darse la suspensión, pero de llegar a interrumpirse de forma abrupta, el juicio se tiene que volver a iniciar».
Esto afectaría a aquellos reclusos que están esperando su proceso judicial para así acordar su condena o libertad.
El acceso a la justicia es una garantía que protege otros derechos como, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado en libertad, la presunción de inocencia, entre otros.
En cuanto a las libertades otorgadas por la ministra Iris Varela, señaló que el «beneficio de confianza» que está establecido en el Código Orgánico Penitenciario no es un beneficio como tal, si no la posibilidad que un reo ejecute un trabajo, vuelva y que sea controlado por el dicho organismo.
«No hay un juez que controle esas causas, la jurisdicción que es la que está obligada por naturaleza a conocer de esos casos, prácticamente le están arrebatando sus competencias dejándola de manos atados» acotó.
En la región, se desconoce el número de detenidos, ya que esta cifra es manejada por el sistema judicial de la entidad.
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