Este miércoles la misión de investigación de la ONU presentó su informe sobre la violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el que detalla los casos más emblemáticos registrados en los últimos tres años.
La instancia dividió su análisis en cinco puntos: ejecuciones extrajudiciales, detención y tortura por motivos políticos, violaciones relacionadas con las protestas y poder judicial.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la misión ofreció detalles sobre cómo operan las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), su entrenamiento para eliminar criminales y siembra de elementos de interés criminalístico para montar enfrentamientos y justificar asesinatos.
«La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios», detalló el informe.
Indicó que el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana fueron responsables del 59 % de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el períodos analizado.
«Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.
En cuanto a la detención y tortura por motivos políticos, la misión identificó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como el organismo encargado de identificar a la disidencia política y a los activistas de derechos humanos, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
«Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual».
a misión obtuvo declaraciones de un exdirector del Sebin quien confirmó el comportamiento cultural de tortura dentro del organismo.
«Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica».
“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro” dijo Francisco Cox, integrante de la misión.
La misión igualmente tomo nota sobre las violaciones relacionadas con las protestas y la respuesta cada vez más violenta del Estado durante las manifestaciones, especialmente las registradas en 2014, 2017 y 2019.
«Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución».
Asimismo comprobaron la actitud tolerante de las autoridades en por lo menos siete casos en los que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados (colectivos)
“La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta,” dijo Paul Seils, integrante de la misión.
Finalmente, la instancia destacó que estas violaciones ocurrieron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas, incluyendo la erosión del Poder Judicial.
A juicio de la misión, la justicia de Venezuela «no sirvió para controlar a otros agentes del Estado».
Para leer el informe visite la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH
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