Defensores de derechos humanos han registrado un aumento en las muertes, agresiones y amenazas cometidas por fuerzas de seguridad en Venezuela durante la cuarentena por la COVID-19.
Por – Möritz Guanipa | Deutsche Welle – Primer Informe
En el primer trimestre de 2020, la ONG Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) registró 357 presuntas ejecuciones extrajudiciales. La directora de COFAVIC, Liliana Ortega, señaló a DW que la situación preocupa aún más por las nuevas estrategias de quienes ejercen el poder en Venezuela ya que «en el marco del Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del Covid-19 están aumentando las agresiones y abusos bajo el amparo de la nueva orden dada por las autoridades de mantener lo que han denominado como ‘la furia bolivariana’ como una especie de alerta para proteger la nación de los enemigos y agentes intervencionistas. Este llamado ha derivado en actos más violentos como amenazas de muerte, detenciones, criminalización, judicialización y mayor censura con el objeto de invisibilizar las denuncias» explica.
La aplicación de estas estrategias se han incrementado también a raíz de los hechos ocurridos a comienzos de mayo, cuando autoridades interceptaron 2 embarcaciones con disidentes venezolanos armados y dos estadounidenses con planes para infiltrarse en el país y eventualmente derrocar al régimen de Nicolás Maduro.
Hace días (6 de junio) el Ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, ascendió a 252 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por su desempeño en los operativos de defensa tras la incursión fallida. El saldo inicial dejó 6 muertos y 13 detenidos, pero tras el despliegue posterior al ataque, las fuerzas del Estado aseguran tener a 57 personas detenidas, que acusan de estar involucradas con la llamada Operación Gedeón. Sin embargo, las cifras de muertes ocasionadas en los operativos son difíciles de precisar. Por ejemplo, un operativo en mayo de las FAES en el barrio de Petare en Caracas dejo una cifra de 13 muertos según un tweet de Zair Mundaray, exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela. Pero esa no es una cifra oficial; esta no se ha revelado. Los funcionarios buscaban en Petare a miembros de bandas delictivas envuelta en enfrentamientos reportados desde hace varios días pero luego Nicolás Maduro calificó los disturbios como acciones provocadas por un plan desestabilizador de la Agencia para el Control de Drogas de EEUU.
No es algo nuevo que operativos o situaciones de enfrentamientos en Venezuela sean politizados para justificarlos, pero una de las preocupaciones entre defensores de derechos humanos es que no se apliquen los mecanismos judiciales o investigativos para esclarecerlos, como ha venido ocurriendo desde hace varios años. Entre las falencias que ocurren dentro del sistema, Liliana Ortega destaca «junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias ulteriores, la situación de provisionalidad de la mayor parte de miembros del Poder Judicial qque impide el esclarecimiento pleno de los hechos, así como la identificación y sanción de los culpables en la mayoría de los casos. Esto crea un clima de impunidad extendido».
(Continuar leyendo la nota de Deutsche Welle)
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
