Los grupos guerrilleros tienen injerencia en la campaña interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Apure, el mismo estado donde la guerra del Ejército venezolano contra parte de las disidencias de las FARC, llevó a la muerte a 16 militares venezolanos entre marzo y abril de este año.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
La razón es la misma: poder, control y dinero sobre las grandes industrias que esos grupos irregulares manejan en la frontera: contrabando del combustible, ganado, alimentos, medicamentos, así como narcotráfico.
“Tanto Ramón Carrizalez como Pedro Danilo Leal tienen amplia relación con las FARC, desde hace años. El problema es cuando surge la división en esa organización. Fíjese en La Macanilla había un gran campamento, que a raíz de la división interna de las FARC y lo ocurrido hace poco en La Victoria, ha terminado dispersándose”, relata a Infobae un dirigente del PSUV en Apure.
A su juicio “ese problema de las FARC ha incidido en el partido y una de las razones por la que Carrizales decidió prescindir del alcalde de Elorza, fue por eso. Ese tema de la guerrilla tarde o temprano nos iba a traer consecuencias. Tanto Carrizalez como Leal siempre mantuvieron buenas relaciones con el jefe de las FARC aquí, alias Arturo, aunque Carrizalez también respeta a Iván Márquez. Es un problema muy complejo que nos pega en el peor momento”, aunado al enfrentamiento entre Diosdado y Maduro.
“Pedro Leal, que ahora compite contra Carrizalez, ha estado muy apoyado por alias Arturo; hace años en un vehículo chasis largo de la alcaldía que fue detenido encontraron cinco o seis hombres de las FARC; hubo un escándalo, pero finalmente al caso le echaron tierra y no pasó nada”.
Las organizaciones guerrilleras financian y se relacionan con dirigentes políticos y militares. Cuando hace años el entonces alcalde del Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis, se atrevió a señalar las relaciones de Carrizalez con las FBL/FPLN, fue apartado, pero su popularidad le permitió mantenerse, hasta que el gobierno prefirió eliminar la alcaldía. Eran los años de gran poder para Carrizalez.
Entonces pocos se atrevían a mencionar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mucho menos a su financiamiento de candidatos, compra de propiedades e inversión que hacían entre la población. La división entre las FARC de Gentil Duarte y las de Iván Márquez hizo visible las tendencias y relaciones con políticos y militares.
Hoy en Apure no solo conviven los dos grupos de las FARC, las de Márquez y las de Gentil Duarte, también el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la guerrilla venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL/FPLN), quienes se disputan el territorio del estado Apure.
Los dos candidatos que se disputan la gobernación por el PSUV, Carrizalez y Pedro Leal, tienen grandes cuestionamientos éticos y morales. Y no es que en Apure no haya dirigentes con perfiles distintos, pero es una región donde lo turbio, dictado por el dinero, las relaciones y los negocios, dictan la pauta.
Por eso es que en Apure han desaparecido casi todos los medios de comunicación y han detenido periodistas, porque el silencio es importante.
Preso por retar a Carrizales
Robert José Lavado Páez (46 años) vive en San Fernando de Apure y toda su niñez la pasó en Mantecal, una de las zonas neurálgicas del estado. Es profesor egresado de la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL) con posgrado en Orientación Educativa. Se relacionó muy joven con el Movimiento Quinta República (MVR) que fundó Hugo Chávez.
El 30 de julio el gobernador Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, en entrevista con Ademar Giménez, en la emisora Alpha 97.5fm de Biruaca, dijo en tono nada diplomático: “Ya verán lo que va a pasar después del 8. Perdiendo incluso, la gente cree que yo me voy y me desconecto de Apure. Aquí hay muchos que han calumniado, que han difamado y están plenamente identificados, eso es un delito por lo tanto deben asumir su responsabilidad”.
Al día siguiente, Lavado Páez, quien es parte del equipo de campaña de Pedro Danilo Leal (contrincante de Carrizález), difunde un sonido en WhatsApp, donde anuncia que “ya en San Fernando, Pedro Camejo, Biruaca, Achaguas, Rómulo Gallegos, Páez y aquí en Muñoz estamos listos para formar los equipos de choque. Vamos con todo. No nos vamos a dejar j… con ese grupo de malandros, quieren agarrar las mesas electorales, y como no tienen pueblo, quieren robarnos los votos. Ya estamos preparados y ahí va a haber coñ… parejo, porque no nos vamos a dejar quitar las elecciones. No vamos a aceptar que ellos pongan todos los miembros electorales, los operadores y también los coordinadores de centros. Vamos a secuestrar hasta las mesas y coñ… con ese poco de ratas”.
Cerca de la medianoche, al ex concejal Lavado, quien además es parte del equipo político del PSUV en el municipio José Cornelio Muñoz, le llegó la Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM), lo detiene y lo trasladan a la DGCIM en San Fernando de Apure. Ayer 3 de agosto, en la audiencia de presentación, le imputaron el delito de instigación al odio y lo dejaron detenido.
Pedro Danilo Leal, actual alcalde del municipio Pedro Camejo, a quien Carrizalez no le permitió reelegirse, estaba apoyado por Lavado. En el caso del municipio Muñoz, donde Lavado fue concejal, el actual alcalde Jesús Bona Arráez quiso reelegirse, pero otra vez Carrizalez se opuso argumentando que ya tenía cuatro periodos como burgomaestre; entonces inscribió a su hermano Armando Arráez. Lavado es coordinador electoral a favor de los candidatos a la alcaldía y gobernación que adversan a Carrizalez.
En defensa de Lavado ha salido mucha gente, ya que hizo trabajo social por muchos años en el municipio, apoyado por el gobierno nacional, por vínculos que sostenía su hermana Guadalupe Lavado, quien falleció hace unos meses, con Adelaida Maduro, hermana de Nicolás Maduro.
Lavado ya no participará en el proceso electoral porque está preso, mientras Carrizález dijo en un programa de radio ayer: “Lamento que un proceso interno que tenía que convertirse en una fiesta democrática, de participación, haya gente que lo haya convertido en una confrontación y en un escenario para tacar, para descalificar. Soy enemigo de esa política de descalificar y atacar. Eso enrarece un ambiente que debió ser ejemplarizante”.
Judicializar la discrepancia
Oscar Adolfo Alvarado, quien fue diputado de la Constituyente y cercano a Carrizalez, rechazó el contenido del audio de Lavado, pero consideró su detención “un abuso de poder y una soberana estupidez”, cuyo tema, que consideró “un asunto doméstico que debió ser tratado por los organismos que tienen establecidos en sus Estatutos Internos. El colmo es que sea un Organismo de Contrainteligencia quien haya sido comisionado para la aprehensión, como si el imputado hubiese atentado peligrosamente contra la seguridad del Estado o de un importante funcionario de gobierno”.
Agregó que “no es más que la continuación de lo que se ha hecho práctica en Apure estos últimos años: judicializar la discrepancia. Si pretenden corregir lo que se enmarca entre el concepto de ‘Incitación al Odio’, también es en extremo odioso coartar con subterfugios legales las libertades y derechos de los ciudadanos. En Apure los últimos años se ha entronizado la práctica de la intimidación contra quienes expresen cualquier sentimiento contrario al gobierno regional y locales, eso ha generado indignación y obviamente tiene consecuencias posteriores”.
“No tengo dudas que por encima del infausto audio lo que realmente intentan hacer es intimidar sobre todo a los habitantes del Municipio José Cornelio Muñoz, donde el Gobernante Regional ha trazado como ‘punto de honor’ ganar la candidatura local de la ‘línea oficial’. Allí le quitaron toda autoridad y control sobre los servicios y la distribución de alimentos al actual Alcalde, quien por cierto no va a la reelección. No han podido domesticar a ese pueblo bravío ni quitándoles los combustibles siquiera, allí la indignación es generalizada y ello se ha traducido en un inmenso rechazo hacia las precandidaturas oficiales”.
Alvarado finaliza diciendo: “No imaginamos cuantos más serán aprehendidos y judicializados con procesos amañados, nada nos extraña en un Estado donde hasta el Juez Rector del Circuito Judicial Penal fue sacado una madrugada de su casa por una numerosa comisión militar armada hasta los dientes”.
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