El director del Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela, P. Eduardo Soto, se refirió este lunes 5 de abril a la todavía tensa situación que se mantiene en la zona fronteriza del Alto Apure a raíz de los fuertes enfrentamientos armados entre funcionarios militares de nuestro país y grupos armados registrados desde hace dos semanas.
Alexander Medina l Radio Fe y Alegría Noticias
Uno de los primeros énfasis que Soto le puso a la conversación con Radio Fe y Alegría Noticias es que ven con mucha preocupación aún lo que está ocurriendo con la población civil en La Victoria, El Ripial y otras comunidades de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez que se ha quedado en el medio de este fuego cruzado.
Le prestó especial atención «a los más de 4 mil desplazados que tenemos en la población de Arauquita en Colombia» y también de los llamados desplazados internos que por lo general no han sido mencionados en este conflicto armado.
Una de las primeras dificultades que han tenido desde la organización que dirige «es que no hemos podido tener acceso a la zona para saber exactamente qué es lo que está pasando, y la única manera que hemos tenido de conocerlo es a través de los medios de comunicación». En este punto cuestionó que «lamentablemente muchos de los medios politizan el asunto y no sabemos cómo está la gente, cómo está la población, cuáles son son sus necesidades urgentes que deben ser atendidas en este momento para tener una estrategia de mucho más largo alcance».
El jesuita venezolano agregó que este aspecto es sumamente importante porque lo prioritario es lograr que la población «regrese a sus lugares de trabajo y de vida».
Ausencia de institucionalidad venezolana
En los 20 años que lleva el Servicio Jesuita a Refugiados trabajando en la frontera de Venezuela con Colombia «hemos denunciado, hemos hecho visible la falta de institucionalidad, en la frontera todo es muy complicado justamente porque no existen instituciones que puedan garantizar no solamente los derechos más básicos de la población sino también los mecanismos de acceso a la justicia para poder dirimir sus propios conflictos».
Para Soto esta ausencia institucional por parte del Estado venezolano ha propiciado que los grupos irregulares hayan asumido «esas funciones en la frontera colombo venezolana», añadiendo que este eje fronterizo en particular es muy poroso, «únicamente separada por un río (Arauca) que es muy fácil vadearlo y se presta para que los grupos irregulares, de todo tipo y de todo calibre, practiquen actividades ilícitas» como el contrabando de productos y mercancías «incluyendo la gasolina».
En este apartado hizo mención especial que anteriormente se daba el contrabando de combustible desde Venezuela a Colombia y «ahora se da desde Colombia hacia Venezuela».
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