El párroco de la iglesia San Alberto Hurtado, Alfredo Infante, señala que las políticas del Estado no han sido integrales y por lo tanto no han dado resultado. Asegura que en los sucesos ocurridos en La Vega el pasado ocho de enero murieron muchos inocentes y que es lamentable que ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo se hayan pronunciado oportunamente.
En la tarde del viernes 8 de enero, cuando todo parecía indicar que se iniciaría un fin de semana normal enmarcado en las restricciones de la cuarentena radical por la covid-19, los habitantes de La Vega sorpresivamente se vieron en el medio de un enfrentamiento armado que arrojó víctimas de un solo lado, y que pronto se sabría sumiría en el luto a varias familias de la zona, pues balas perdidas alcanzaron a vecinos que no tenían nada que ver con la operación. El resultado fue de 23 personas asesinadas, saldo que ha llevado a varias organizaciones de DDHH, entre ellas a Provea, a calificar de masacre el hecho.
Ese día, efectivos de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en la parte baja de La Vega, la populosa zona ubicada al sur de Caracas, aparentemente para enfrentar a algunos elementos armados que estaban en la localidad. Por varias horas los habitantes de la parroquia vivieron el horror de estar en medio de una balacera, varios vecinos vieron cómo los vidrios de las ventanas de sus casas fueron destrozadas por los disparos.
Días antes, algunos vecinos habían reportado por las redes sociales la presencia de elementos armados, supuestamente vinculados a bandas de una zona adyacente a La Vega: la Cota 905. Fue la excusa para la acción de las FAES, en una operación que devuelve a la situación de las anteriores “Operaciones de Liberación del Pueblo”, donde caían abatidos supuestos delincuentes, pero sin que se llegara a corroborar que las víctimas eran tales, pues no hubo juicio y en muchos casos no tenían antecedentes penales, todo ello con el agravante de que en Venezuela no existe la pena de muerte.
Políticas públicas equivocadas
El padre Alfredo Infante, quien ha dedicado su labor pastoral a la acción social en La Vega, donde es párroco de la parroquia San Alberto Hurtado, ubicada en la parte alta de la zona, lamentó profundamente la tragedia ocurrida, pero señala que la situación es producto de unas políticas públicas equivocadas en materia de seguridad, que han permitido que grupos particulares se apropien de territorios no solo de Caracas, sino del interior del país.
“Lo que pasa en La Vega no es una excepción, es algo que está pasando en el país, producto de una serie de políticas de Estado, que no sé cuántas van, son más de 20, que no son integrales, sino fundamentalmente represivas; y es conocido que la represión no es la vía para restaurar o restablecer el orden, sino que es importante apostar por la educación, la cultura, el deporte, para que niños y jóvenes puedan crecer en espacios seguros, además de que haya empleo, así que hace falta un restablecimiento de la institucionalidad del país”, expresó el sacerdote jesuita.
Afirmó que lo ocurrido llena de luto a muchas familias de La Vega, pero considera que también tiene su impacto en el resto de la población, que vive situaciones similares y que están desasistidas en cuanto a seguridad ciudadana se refiere.
“Tiene que quedar muy claro que el ciudadano común de La Vega desea convivir en paz, tener trabajo y educación y hay mucha gente trabajando en eso. Lamentablemente, en medio de tanta adversidad se vuelve más cuesta arriba llevar a cabo esos propósitos. Hay un gran dolor, un luto, hay miedos, especialmente en la población juvenil, de las madres hacia los jóvenes, hay aprehensión, porque ellos son objetivos en este tipo de situaciones, por parte del Estado porque los ve como delincuentes, y de los otros (las bandas de delincuentes) que los ven como un capital humano para sus organizaciones”, detalló el párroco, quien ha estado por varios años al frente de programas de comedores populares y deportivos en la zona.
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