FundaRedes le pidió al Ministerio Público de Venezuela que investigue las violaciones de derechos humanos en medio de enfrentamientos entre la Fuerza Armada y la disidencia de las FARC.
Una única pero determinante solicitud hizo el coordinador de FundaRedes en Apure al Ministerio Público y es que se aboquen al conocimiento e investigación de las “violaciones de derechos humanos que ocurrieron en medio de enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un sector disidente de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), o derivadas con ocasión de esos enfrentamientos o incluso usando esos enfrentamientos como fachada que repercuten significativamente en la población que hace vida en el escenario del conflicto”.
Así se lo hizo saber Juan Francisco García Escalona, coordinador en el estado Apure de la ONG FundaRedes, al Fiscal Superior de Apure, a propósito de lo que ocurre en la frontera, desde el domingo 21 de marzo de 2021, en el marco de la operación Escudo Bolivariano 2021, con las acciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) contra grupos armados irregulares de origen colombiano.
Destaca en el escrito que de acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio de Poder Popular para la Defensa, fechado 27 de marzo de 2021, hasta esa fecha el Estado venezolano reportó como balance general ‘seis terroristas neutralizados, veintisiete sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros doce detenidos el 30 de marzo y el decomiso de armamentos, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades”.
Pero el punto central de la petición de Fundaredes se basa en que “más allá del parte de guerra emitido por el Ministerio de la Defensa, como consecuencia de esta acción, han quedado víctimas a quienes les han lesionado derechos humanos, ya sea por acción, omisión, imprudencia o negligencia del Estado venezolano”.
Las víctimas
Es importante destacar que para el momento en que García Escalona presenta la solicitud a la Fiscalía solo habían fallecido los dos primeros militares de los ocho que en total se han sumado como bajas de la institución castrense, producto de esa Operación en la parroquia Urdaneta del estado Apure.
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