Luis Tarbay, abogado y coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos por el partido Vente Venezuela, se refirió este viernes a la detención ilegal del líder sindical Rubén González, a quien ratificaron privativa de libertad esta semana, indicando que “al mantenerlo preso, Maduro consolida su política de criminalizar la libertad sindical”.
Nota de Prensa
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), fue detenido cuando regresaba de una marcha en Caracas, en defensa de los contratos colectivos y el cese de la persecución. El sindicalista fue presentado ante un tribunal militar en el año 2018, el cual dictó privativa de libertad y reclusión en la cárcel La Pica, en Monagas. Luego de ir a juicio, lo condenaron a cinco años y nueve meses de prisión, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.
Al respecto, el abogado indicó que “todo aquel que se organice para protestar o ejercer su libertad de asociación, para defender la libre empresa o los derechos laborales, es objeto de persecución, amedrentamiento, acoso laboral, la cárcel. El caso de Rubén forma parte del patrón transgresor de Maduro y sus cómplices”.
Con esta acción –continuó diciendo-, Maduro ha demostrado desconocer de facto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cualquier dictamen o recomendación de las organizaciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos.
“Por Rubén y por todos los venezolanos que hoy que están siendo perseguidos por defender los derechos de todos, debemos exigir con más fuerza y de forma permanente su libertad y la de todos los presos políticos, así como el cese definitivo de la persecución contra la disidencia”, detalló.
Se consolidan pobreza y dependencia del ciudadano
Luis Tarbay indicó que a causa de la asfixia que tiene el régimen sobre el sector económico, se ha generado más desempleo y pobreza crece la dependencia del ciudadano, al no contar con recursos suficientes para mantenerse.
“Los aumentos del salario mínimo o bonificaciones en “Petro”, bajo un contexto de hiperinflación y dolarización, así como el ticket de alimentación en un país sumido en la desnutrición, sólo han servido de propaganda para manipular las necesidades vitales de la población”, dijo.
Aseguró que bienes como el trabajo, el salario digno, la inamovilidad laboral y el empleo formal no se pueden garantizar vía decreto y mucho menos promover en un país donde no se respeten la propiedad privada, el libre mercado y en definitiva, todas las libertades económicas, ya que no sirven de nada si no hay empresa, ni burocracia que aguante la crisis económica impuesta por el socialismo.
El abogado resaltó que de nada sirve tener una estructura legal (sindicatos), que garantice el derecho al trabajo en Venezuela bajo contrataciones colectivas, si estamos ante la ausencia casi total del Estado de Derecho, debido a que el poder público está desbordado para sostener un proyecto político destructivo de todo lo que implique la autonomía del individuo.
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