En el primer semestre de este año 2021 Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país, de acuerdo al monitoreo de violencia policial y militar que desplegamos entre la ONG Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades durante todo el semestre.
Por: Lupa por la Vida
Contrastando con el primer semestre de 2020 cuando se pudo constatar 1.611 presuntas ejecuciones, significa una disminución de un poco menos de la mitad, es decir, el 48.6%.
La reducción de casos es un hecho que valoramos de manera positiva. Sin embargo, llamamos la atención que el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas es sumamente grave. Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Muestra claramente el alto nivel de letalidad policial en el país, el no uso de la fuerza de manera excepcional y bajo los principios de uso diferenciado y progresivo e indica la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida y causar el menos daño físico posible. Persiste la práctica del disparen a matar.
Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública.
La disminución de presuntas ejecuciones rompe la línea ascendente que desde el 2015 venía ocurriendo. Desde 2015 hasta junio del presente año han sido asesinadas por policías y militares según cifras de Provea y Centro Gumilla 7180 personas y hasta diciembre de 2020 cada año se reportaban más casos.
Del monitoreo realizado a nivel nacional pudimos constatar el impacto positivo que tuvo el Informe presentado en septiembre de 2020 por la Misión de Determinación de Hechos para que se produjeran algunos cambios en la actuación policial particularmente en la Policía Nacional Bolivariana y su grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Desde esa fecha se produjo en varios estados del país una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares.
Por primera vez en el monitoreo realizado por Lupa por la Vida, se puedo registrar estados donde en un mes no se produjo ningún asesinato ni de militares ni de policías.
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