La representante del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, informó que organismos internacionales, como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han corroborado que el régimen de Nicolás Maduro, “ejecuta un patrón sistemático de criminalización” contra quien piense diferente.
“Todo aquel que disienta es tratado desde la mirada del enemigo interno, del traidor a la patria”, resaltó Rendón este viernes 27 de enero durante una rueda de prensa que organizó un grupo de organizaciones para pronunciarse en contra de la nueva Ley propuesta por Diosdado Cabello.
Aseveró que esta situación en el país es “absolutamente contraria” a las libertades democráticas y a las garantías de los derechos de los venezolanos y las venezolanas.
Sostuvo que esta caracterización sobre el comportamiento de las instituciones y organismos venezolanos es validada por “informes del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Misión de Determinación de los Hechos, del Secretario General de la ONU, en su informe sobre represalias”.
También incluyó en esta valoración al “sistema regional de protección de la CIDH y la Organización Internacional del Trabajo que han corroborado” lo afirmado, así como procedimientos que constituyen persecución política contra activistas y dirigentes sindicales.
Poder de resiliencia
En la conferencia informativa que se dio a propósito de la llegada al país del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, Volker Turk y de la detención de la defensora María Fernanda Rodríguez este jueves 26 de enero, los voceros también destacaron el “poder de resiliencia de la sociedad civil venezolana, de la organización, fortaleza y credibilidad de la libertad asociativa”, a propósito de las últimas protestas de los docentes en todo el país.
En ese sentido, Rondón expresó también que la demanda de derechos, como acción política, “pretende ser controlada, perseguida, criminalizada, amedrentada, pero sobre todo destruida”.
Próximas acciones
El abogado Alí Daniels, de la ONG Acceso a la Justicia, anunció las próximas acciones que llevarán a cabo en torno al proyecto de ley que se discute en el parlamento y sobre otros ámbitos de los derechos humanos.
Informó que seguirán contrarrestando, a través de espacios comunicacionales, la matriz de opinión que, según consideran, el gobierno seguirá instaurando sobre las supuestas actividades ilícitas por parte de algunas ONG.
En segundo lugar, articularán con los organismos internacionales “el activismo” para capitalizar solidaridades internacionales, como es el caso de Amnistía Internacional “y otras organizaciones internacionales que ya se han pronunciado porque hay que elevarle el costo al gobierno por este tipo de acciones porque se está generando un movimiento de “blanqueamiento” de la imagen del gobierno a nivel internacional y eso es falso”.
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