“Su hijo está muerto” fueron las primeras palabras que escuchó Damaris Serrano tras recibir una llamada anónima. Seguidamente se trasladó hasta la morgue de Bello Monte en Caracas, pero fue grande su sorpresa al casi no poder reconocer el esquelético cuerpo de su hijo como producto de una desnutrición severa.
Nota de Prensa
Fue a través de un tatuaje con el nombre de su hija, en el lado izquierdo del pecho, que finalmente pudo ser reconocido. Se trata de Robert José Serrano Piñero, de 29 años de edad, quien se encontraba recluido desde hace tres años en el Internado Judicial Rodeo III, ubicado en el estado Miranda.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que los parientes de Robert José nunca fueron notificados sobre su agravado estado de salud, así como tampoco sobre su traslado al Hospital Domingo Luciani de El Llanito.
El recluso lamentablemente falleció en horas de la tarde del domingo 2 de agosto y fue al siguiente día que los familiares fueron notificados. Al respecto, la afligida madre detalló que el hombre tenía golpes en el rostro, pero desconoce qué le pudo suceder mientras estuvo en el penal.
De igual manera, Serrano corroboró las denuncias de los familiares de otros privados de libertad, quienes aseguran que en este recinto penitenciario hay muchas fallas en cuanto a la distribución de alimentos y parte de su menú diario es arepa sin relleno, agua de pasta, agua salada o bollitos.
“No les dan comida tres veces al día y las raciones son pocas. Si nosotros llevamos comida no la reciben, estamos cansadas y los están matando de hambre”, manifestó un familiar que no quiso identificarse.
Carolina Girón, directora del OVP, informó que con la muerte de Robert Jesús asciende a 14 el número de fallecidos en Rodeo III, todos por condición de salud.
“Es lamentable el incremento de fallecimientos dentro de las cárceles venezolanas y es aún más preocupante que casi todas las víctimas tienen signos evidentes de desnutrición severa. Eso es falta de voluntad política, no es la primera denuncia que hacemos sobre esta situación y hasta ahora no existe ni un pronunciamiento o una acción por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo”, puntualizó Girón.
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