El chavismo también tiene fuertes divisiones internas y eso se ha evidenciado con las postulaciones a las elecciones fraudulentas del próximo 6 de diciembre.
Infobae | Sebastiana Barráez
Aunque Diosdado Cabello ha insistido en proclamar que el Polo Patriótico va unido y pregona “la revolución bolivariana llegó para quedarse y por eso la necesidad de ir a estas elecciones blindados de manera unitarios, hoy se hace una necesidad”, la realidad es que varias organizaciones, entre ellas dos de los partidos fundamentales que han acompañado al Polo Patriótico, lanzaron candidaturas propias, en lo que llaman Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
Ante esa avalancha de partidos y organizaciones que manifestaban no ir en las candidaturas perfectas, el TSJ actúa en una clara injerencia en las directivas de algunos de esos partidos. Lo hace en el caso del PPT, la segunda organización más votada del Polo Patriótico, arrebatándole la secretaría general al líder más destacado de esa organización, Rafael Uzcátegui.
Tupamaro, que es una organización política, nacida como el grupo colectivo más antiguo de la parroquia 23 de Enero, en la que Tareck El Aissami tenía interés particular. El líder de Tupamaro siempre ha sido José Pinto, odiado por muchos y seguido por otros tantos, pero al negarse a entregar el partido, termina preso acusado por el asesinato de un joven y el TSJ le quita el partido.
En el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV), dirigido por Jesús Figuera, es otra historia porque, aunque tiene pocos militantes, su importancia es simbólica. A pesar de las presiones, amenazas y chantaje, los partidos rebeldes armaron ayer la lista nacional de la APR, que encabeza el jefe del PCV, Oscar Figuera, seguido de Rafael Uzcátegui, quien era el secretario general del partido Patria Para Todos (PPT), a quien el TSJ desplazó arbitrariamente. También Pedro Eussen, del Comité Central del PCV; Félix Jesús Velásquez Castillo de Izquierda Unida; Robert González del PPT, Ulises Castro y José Tomás Pinto, jefe de Tupamaro, a quien el TSJ también le arrebató el partido.
No cumplieron
El PCV envió una comunicación a las “direcciones Nacionales y militancia Partidos Comunistas y Obreros del mundo (PP.CC.OO.)” para explicar por qué se aliaron a la Alternativa Popular Revolucionaria y no al PSUV para las elecciones parlamentarias.
Su primer argumento es “acumular fuerzas para una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano”, que aseguran se ha agudizado, así como la agresión del imperialismo estadounidense.
Citaron la política aprobada por el 15° Congreso Nacional del PCV (junio 2017) y desarrollada por la 14° Conferencia Nacional (febrero 2018), en la que aprobaron el respaldo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro Moros en mayo de 2018, en el marco del Acuerdo Unitario Marco PSUV-PCV.
Revela el PCV que “en los 30 meses trascurridos, desde la firma del referido documento, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la dirección nacional del PSUV, pese a los esfuerzos realizados por el PCV, no mostraron voluntad política para cumplir con ninguno de los compromisos contenidos en el Acuerdo bilateral inherentes al ámbito nacional”.
Dicen que “solamente se han coordinado iniciativas conjuntas en el escenario internacional, en procura de la solidaridad con el pueblo venezolano y de denuncia de la agresión del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos”.
Destacan que, por parte del Gobierno, se ha avanzado “una política económica liberal, reformista y entreguista, totalmente en contravía a lo establecido en los Acuerdos PSUV-PCV, configuran el avance de un cuadro de ruptura del gobierno y la dirección mayoritaria del PSUV con la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo a nivel programático y práctico que, como es de suponer, coloca sin dudas al PCV en el campo de las demandas populares y de la defensa de las conquistas alcanzadas”.
La respuesta es represión
Narra el PCV la “implementación de una política salarial regresiva, que se traduce en la caída abrupta del ingreso real de los trabajadores, la eliminación de derechos contractuales contenido en las convenciones colectivas, la evaporación de los ahorros y prestaciones sociales, los despidos masivos ilegales de trabajadores del sector público y privado en abierta complicidad con las autoridades del Ministerio del Trabajo”.
Reconocen que “la caída de los salarios se ve agravada por la política de apertura y dolarización de la actividad económica, la completa subordinación a los intereses del empresariado en lo que respecta a la fijación de los precios de los bienes esenciales de la canasta básica alimentaria y el progresivo deterioro de los servicios públicos que, en algunos casos, avanzan hacia su privatización o concesión a sectores privados con excepcionales condiciones de explotación”.
Justifican que ante las precarias condiciones de vida la clase trabajadora “ha generado su resistencia combativa frente al retroceso creciente de los derechos laborales. A lo que ha respondido el estado venezolano con represión, criminalización y judicialización de las legítimas luchas obrero-sindicales”.
Entre otros hechos resalta la “ofensiva criminal de los terratenientes contra los campesinos y trabajadores agrarios”, sumado al “desalojo de las familias campesinas de sus tierras, el asesinato de luchadores campesinos y la judicialización de las luchas antilatifundistas”.
Entre esos asesinatos destacan que el “31 de octubre 2018 fue asesinado, por orden de terratenientes, el camarada Luís Fajardo, miembro del Comité Central del PCV y líder campesino del Sur del Lago de Maracaibo, junto al activista popular Javier Aldana y, a la fecha, no se ha hecho justicia ni con los criminales ni con las 300 familias campesinas en lucha”.
Manifiestan que “en los meses transcurridos del año 2020 y aún en el medio de la expansión de la pandemia mundial, el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, no han cesado en sus acciones de presión política, económicas y militares dirigidas a provocar un cambio de gobierno en Venezuela. La apropiación ilegal de activos de Venezuela en el exterior, las sanciones coercitivas unilaterales dirigidas a bloquear las operaciones comerciales y fuentes de financiamiento del país y las movilizaciones de fuerzas militares para construir un cerco fronterizo y marítimo sobre Venezuela se han incrementado en lo que va de año”.
Minimizan el efecto diciendo que “la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) no representa, por tanto, una ruptura con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, ni con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y mucho menos con nuestra línea de construcción de la amplia alianza patriótica y antiimperialista para hacer frente al enemigo común”.
Destacan que el PCV, “en conjunto con los partidos políticos y movimientos sociales revolucionarios, corrientes populares y núcleos del chavismo de base popular, que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), participaremos de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020, presentando nuestras candidaturas propias e independientes en las listas y circunscripciones de todo el territorio nacional, expresión verdadera de la unidad en la diversidad popular revolucionaria, construida en consulta dinámica desde y con las bases de nuestras organizaciones”.
Ataques del Psuv
Reclaman que la decisión del PCV “está siendo objeto de un ataque desproporcionado por parte de sectores de la dirección nacional del PSUV y del Gobierno, lo cual asumimos como una dinámica objetiva que es expresión de los intereses de clase confrontados. Se utiliza el complejo cuadro del asedio imperialista sobre Venezuela con el fin de descalificar a la APR, señalando a sus integrantes de traidores y divisionistas que hacen el juego a los planes imperialistas”.
“Estos ataques tienen como objetivo impedir que se configure un referente de fuerzas populares y revolucionarias en torno al cual se organice la resistencia de clase frente al rumbo inconsecuente que está tomando la política de gobierno. Estas intenciones han quedado confirmadas con la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se concreta la intervención judicial del PPT, integrante junto al PCV, Izquierda Unida (IU) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista (FPAA), instancia propulsora de la APR. Aunque por otras razones, también se produjo la intervención del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT), cuya corriente principal que fue despojada de su tarjeta electoral se incorporó a la APR”.
“Sobre estos hechos, el PCV ha expresado su enérgico repudio a la intervención judicial de los partidos políticos, y hemos alertado sobre como este tipo de procedimientos vulneran el ejercicio de su democracia interna, violenta la soberanía de la militancia sobre su propia organización al colocar en la dirección de los partidos a la fracción en pugna que se identifica con el Gobierno-PSUV y representan un grave peligro contra las libertades democráticas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Acotan que la APR, en poco menos de dos meses, se ha constituido en los 24 estados del país y en estos momentos empiezan a desarrollarse las Asambleas Populares constitutivas en los municipios y localidades a lo largo del país.
Han conversado con representantes del gobierno y la dirección del PSUV (presencial con Jorge Rodríguez el 30 de julio; videoconferencias con Jorge Arreaza el 20 de agosto y Diosdado Cabello – Aristóbulo Istúriz el 21 de agosto de 2020) y propusieron “cambios profundos en la política económica y de desarrollo productivo nacional… lucha a fondo contra las mafias, la corrupción y la impunidad”, pero confiesan que “no ha sido posible abrir ese diálogo”, dice la comunicación firmada por Oscar Figuera como Secretario General y Carolus Wimmer Secretario de Relaciones Internacionales del PCV.
Con información de Infobae
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