La Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- exigió este sábado justicia por la muerte denunciada por varias ONG de Jesús Rafael Álvarez, el segundo detenido en el contexto de crisis poselectoral que fallece bajo custodia del Estado.
A través de X, la alianza opositora condenó la muerte de Álvarez, de 44 años, detenido junto con su esposa de forma «arbitraria» el 2 de agosto en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), y quien estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en Carabobo (norte).
«Jesús Rafael Álvarez se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y, por tanto, es su responsabilidad garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad. Exigimos justicia en este caso y la libertad de su esposa, Anny Suárez, y la de todos los presos políticos», expresó la PUD.
Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos la muerte de Jesús Rafael Álvarez, ciudadano detenido de forma arbitraria el 2 de agosto en El Callao, estado Bolívar, junto a su esposa.
Jesús Rafael Álvarez se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y,…
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) December 14, 2024
En un video publicado por oenegés, el hijo mayor de la pareja, Jesús Álvarez, dijo haberse enterado del fallecimiento de su padre, quien estaba «preso inocentemente», la noche del viernes «por una noticia en las redes (sociales)», y exigió la entrega del cuerpo y la liberación de su madre, recluida en Bolívar.
«Yo no quiero que ella también muera (…), encerrada ahí, siendo inocente, igual que mi padre, (…) un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros», expresó Álvarez, de 22 años.
Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez y Suárez, con tres hijos, fueron detenidos «arbitrariamente» cuando se encontraban en su vivienda, en Bolívar, «sin orden de captura» por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido a una «supuesta investigación».
Posteriormente, indicó la ONG, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) los acusó de «terrorismo e instigación al odio».
El comité exigió «justicia y reparación» para la familia y que se determine la causa del fallecimiento, así como «las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental».
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicitaron, a través de X, una investigación «imparcial y exhaustiva».
El pasado 14 de noviembre, dirigentes y partidos opositores informaron de la muerte de Jesús Manuel Medina Martínez, detenido en el contexto de la crisis poselectoral.
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