Desde Provea, procedemos a difundir trabajo de relato de la defensora indígena de derechos humanos del Pueblo Pemón, Lisa Lynn Henrito Percy, sobre la situación del pueblo indígena Pemón y la criminalización por parte de las autoridades venezolanas de la cual están sufriendo debido al COVID-19 en sus alrededores. Además, publicamos la historia de Yolanda Williams, mujer Indígena Kariña que perdió a su bebé por mala praxis y la falta de atención por parte del Estado venezolano de la que aún es víctima. Insistimos en la necesidad de atender a los pueblos indígenas de Venezuela, quienes están alejados en situación de vulnerabilidad frente al Coronavirus.
Lisa Lynn Henrito Percy | Ante las medidas tomadas por el gobierno venezolano frente la pandemia COVID-19, quiero hacer públicos, mediante una historia real y vigente, los hechos preexistentes a la misma, hechos que se han consolidado con el avance de la pandemia, demostrando, claramente, el irrespeto y un desconocimiento total de los derechos humanos del Pueblo Indígena Pemón, además, un desacato intencional al mandato constitucional, el de refundar la República.
Considerando que nuestro territorio como Pueblo Pemón hace frontera con la República Federativa de Brasil, siendo la entrada principal hacia este país, es casi imposible controlar el ingreso y regreso forzado de venezolanos de un país que es el epicentro de la pandemia de este continente.
En este contexto, resultaron contagiados 14 oficiales de la Policía del Edo. Bolívar, quienes dieron positivo con el coronavirus, después de haber albergado en su comando, a 25 personas provenientes de Brasil, con sospecha del virus.
Adicionalmente, durante las primeras semanas de mayo, el Pueblo Pemón reporto 3 mujeres indígenas del Pueblo Pemón como casos sospechosos del virus, de las cuales, 2 resultaron negativas y una aún sigue en espera de los resultados de una prueba molecular.
El día martes, 26 de mayo, falleció un anciano de la comunidad indígena de San Antonio del Morichal, supuestamente de COVID-19. Aunque no hay una confirmación oficial de este caso, las autoridades sanitarias de la gobernación del Estado Bolívar, ingresaron a la comunidad de San Antonio de Morichal, aislando y militarizando a la misma, aplicando pruebas rápidas de COVID-19, arrojando un resultado de supuesto contagio de un 80% de la población. Esto causó una ola de pánico, estrés, alarma, ansiedad y miedo, no solo en esta comunidad, también en las demás comunidades adyacentes, perturbando la paz mental, la estabilidad emocional y el estado psicológico de sus integrantes.
Con respecto a los casos antes mencionados resalto lo siguiente:
- El tráfico de inmigrantes, combustible, alimentos, divisas y oro es manejado por un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, bajo la mirada permisiva de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, la Policía Estadal, el Ejército y los jefes de la REDI en ambos lados de la frontera. No obstante, los integrantes de la comunidad de San Antonio de Morichal tienen toda una vida caminando por la frontera y, con estos bloqueos, hay una cantidad considerable de personas que esta yendo a Pacaraima por las trochas también a comprar mercancías, alimentos y medicinas. Pacaraima tiene ya varios casos de Covid-19 y muchas de estas personas pudiesen contagiarse y volver a Santa Elena y ser un vector de contagio.
- Aún cuando es deber de Todos los Cuerpos de Seguridad de la Nación estar en primera fila resguardando a la población, por ende, colocándolos en contacto diario con los inmigrantes que son enviados a Venezuela, no se ha visto al frente de la pamdemia a un equipo profesional confiable de médicos, epidemiólogos, científicos y expertos en la materia. No se tiene información de los expertos de medicina. Vemos al frente a personas quienes solo deben impulsar, promover, aprobar y dirigir las políticas de salud, como el presidente, el gobernador, el alcalde y muchos militares, algo que no tiene sentido y tampoco cuentan con el equipo adecuado de protección. Una de las razones por la que hay esa cantidad de policías infectados y pasan a ser vectores del contagio.
- El Hospital Rosario Vera Zurita no tiene suficientes equipos e insumos para garantizar la protección del personal de salud. No hay detergentes, ni alcohol para desinfectar a lugares y transportes públicos, mucho menos hay insumos para dotar los centros de salud de las siete comunidades que colindan con Sta. Elena de Uairén. No solo esto, la forma en que se usa el equipo de bioseguridad esta incorrecto por lo que aumenta el riesgo de contagios.
- Un hospital de campaña fue instalado dentro del aeropuerto en los linderos de la comunidad indígena de Maurak, sin la debida consulta, exponiendo a integrantes de la comunidad quienes laboran en esas instalaciones. Además, como es la única vía de entrada, se pone en riesgo de contagio a 28 comunidades indígenas lejanas y de difícil acceso, usuarios de estas instalaciones. Es necesario recordar que, a diario, las autoridades de la Gobernación del Estado Bolivar están recibiendo venezolanos que son repatriados de Brasil y algunos vienen con el virus. El gobierno podría instalar ese hospital de campaña en el patio de la Aduana que está cerca de la frontera o en la Fuerte Militar Escamoto que son lugares mucho más seguros para atender estos casos.
Todas los hechos establecidos anteriormente tienen sus raíces en las diversas realidades que expongo aquí:
En primer lugar, la falta de confiabilidad en las pruebas rápida de COVID-19, aunado a la falta de información con respecto al panorama sanitario local. No hay una información confiable ni real. Lo cierto es, si todos saben que la República Federativa de Brasil es el epicentro de la pandemia Coronavirus N°19 en todo el continente, y el Municipio Gran Sabana es la entrada, ¿Por qué no hay un laboratorio que realize las pruebas moleculares en este sitio? ¿Por qué a dos meses de cuarentena y el cierre de fronteras este supuesto laboratorio sigue solo en Caracas? Lejos de prevenir y controlar esta pandemia, estas pruebas rápidas están causando caos, alarmas innecesarias, pánico y miedo entre la población. Un ejemplo de esto es la inconsistencia entre los resultados arrojados por las pruebas rápidas en la comunidad indígena de San Antonio del Morichal y el sector no indígena de La Planta. Estas comunidades se encuentran a 17 kilómetros una de la otra y ambas sobre el tramo de la Troncal 10 que comunica con Brasil, es decir, sometidas a riesgos sanitarios muy parecidos, como el ingreso irregular de personas y trafico de combustible desde Brasil. Sin embargo, mientras que en San Antonio 80% de las pruebas dieron positivo en La Planta 100% dieron negativo. ¿Son confiables realmente estas pruebas? O ¿Los resultados están siendo utilizados como estrategias de militarización y negocios?
Con esto, voy al segundo aspecto: La militarización del operativo de respuesta al COVID-19 y la represión, dos aspectos que afectan a todos los habitantes de la Gran Sabana y especialmente a los habitantes de las comunidades indigenas adyacentes que utilizan Santa Elena de Uairén como centro de servicios. Es decir, mientras que se militarizan las comunidades indígenas porque, aparentemente, están contagiadas por el COVID-19, se anuncia la flexibilización de criterios de tránsito y comercio en la zona urbana no indígena del municipio Gran Sabana, en donde tiene lugar un permanente flujo comercial transfronterizo con pasaje tanto de mercancías como de personas en ambos sentidos, incluso durante la pandemia y cuarentena.
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