La detención y encarcelamiento de la abogada, con amplia trayectoria como defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, evidencia, de acuerdo con el sociólogo y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, las irregularidades que denotan una mayor influencia del componente militar en el Poder Ejecutivo.
Por Liz Gazcón / Redacción Jesús Abreu / El Pitazo
En entrevista con El Pitazo, Uzcátegui apuntó además que el caso de la presidenta de Control Ciudadano refleja una reconfiguración interna en la coalición gobernante con un funcionamiento que acerca a Venezuela al modelo autoritario de Nicaragua, pues el oficialismo decidió asumir un inédito costo político con la detención de San Miguel,
“Nos estamos acercando al modelo de Nicaragua. Hay una teoría según la cual Rocío San Miguel se va a convertir en una ficha de la negociación, y eso ha ocurrido. Lamentablemente, una persona como Rocío San Miguel tiene un costo político y eso será puesto sobre la mesa de negociación cuando se reinicie”, destacó Uzcátegui.
El caso de San Miguel, una especialista en el área de seguridad y el ámbito militar, evidencia, de acuerdo con Uzcátegui, la creciente influencia del estamento militar en la administración de Maduro, en el peor momento del oficialismo desde 2012.
“El liderazgo de Nicolás Maduro se encuentra erosionado dentro de la coalición dominante, y una hipótesis es que necesita vincularse de manera personal con las Fuerzas Armadas. Lo de Rocío San Miguel es evidente en ese sentido. El Gobierno ha decidido pagar un alto costo político frente a la comunidad internacional”, agregó Uzcátegui.
Caso de desaparición forzada
Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía el 9 de febrero. Más de 48 horas después el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, Tarek William Saab, informó sobre su detención y rechazó las denuncias por la desaparición forzada de San Miguel.
“Para Naciones Unidas, una desaparición forzada de tipo temporal es una grave violación a los derechos humanos. El deber de los Estados es informar de manera inmediata sobre el lugar de reclusión y permitir que ella se comunique con sus familiares y abogados. Eso no ocurrió”, precisó Uzcátegui.
Desde su detención el 9 de febrero, la activista no ha tenido contacto con familiares en libertad ni con sus abogados de confianza. La Fiscalía la señala por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
“Aquí lo que hay es una sensibilidad particular, especialmente del estamento militar, por ser señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad y que eso atraiga la atención sobre los casos que van a ser anunciados por la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Venezuela”, añadió Uzcátegui.
Un patrón denunciado
Además de la detención de San Miguel, las autoridades también detuvieron a su hija, Miranda Díaz San Miguel; dos hermanos de la abogada, Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, así como sus dos exesposos, Víctor Díaz Paruta y Alejandro González Canales.
Tanto sus hermanos como su hija y su exesposo Víctor Díaz Paruta fueron excarcelados con medidas de presentación cada ocho días, de acuerdo con la defensa de San Miguel. Mientras, Alejandro González Canales permanece detenido, señalado también por la Fiscalía por los delitos de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
“Esta práctica de intentar coaccionar, castigar y doblegar a líderes sociales y políticos mediante la detención de sus familiares directos e incluso a mascotas para ejercer una presión adicional se ha convertido en un patrón denunciado por la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela. Es muy grave y es un escándalo mayúsculo”, agregó Uzcátegui.
El excoordinador de la ONG Provea considera que con la detención de San Miguel, el gobierno de Maduro y el Estado venezolano desechan sus esfuerzos ante la comunidad internacional, especialmente frente a los organismos de protección de derechos humanos, para simular una normalidad que no existe.
“Se está mostrando una faceta represiva. El Estado venezolano está echando por la borda todos los esfuerzos que realizó para demostrar que tenía la voluntad política de mejorar la situación de derechos humanos y que estaba cooperando con el alto comisionado de las Naciones Unidas”, destacó Rafael Uzcátegui.
En medio de la detención de San Miguel y a propósito de una visita de un relator independiente de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, el Gobierno decidió suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela.
“La población ahora se encuentra mucho más desprotegida, en orfandad, con respecto al abuso de poder por parte de las autoridades, porque ya no contamos con ninguna institución o ente que, dentro de Venezuela, pueda velar por los derechos de los ciudadanos en general. Es una reacción desmedida”, añadió el analista.
Peligrosa muestra de debilidad
Con interrogantes que el fiscal general, Tarek William Saab no aclara sobre el caso de Rocío San Miguel, de acuerdo con Uzcátegui, las acciones gubernamentales en las últimas semanas, pero sobre todo luego de la elección Primaria y el referendo consultivo sobre el Esequibo, denotan una peligrosa debilidad de la coalición gobernante.
“El Gobierno está reaccionando ante un escenario que para las autoridades era desconocido: encontrarse sin una base electoral cautiva. Estamos en el momento del chavismo sin pueblo, y frente a esa situación en la que el Gobierno no puede tener una base electoral mínima para poder medirse, está reaccionando de manera virulenta, intentando ganar tiempo”, agregó el sociólogo.
El activista no descarta nuevas arremetidas en un contexto de graves irregularidades en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Este, de acuerdo con sus palabras, “está diseñado para la impunidad de funcionarios”.
“Esta debilidad puede ser muy peligrosa por todas las reacciones. El propio fiscal pudiera ser removido. En un escenario posible, estos días de gobierno de Saab al frente de la Fiscalía pueden ser muy peligrosos”, concluyó Uzcátegui.
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