Luego del par de motines registrados en julio en dos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en los Aragua y Miranda, el Gobierno nacional decidió trasladar al Centro de Formación Hombre Nuevo «Winnie Mandela», antiguo anexo femenino de la Cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, a 1.500 penados que pagaban su condena en diversos calabozos de comandos policiales y militares en el Zulia.
La decisión, según fuentes carcelarias, se tomó a través del Plan de Abordaje para Descongestionar los Centros Policiales del país, que desde el año 2019 viene ejecutando el Ministerio Público, liderado por el fiscal general Tarek William Saab, junto con los entes de administración de justicia y el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
El pasado viernes 28 de julio trascendió que en el Zulia se reunió una comisión legislativa, presidida por el diputado del Clez, Yonder Durán; junto con la presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia, Dra. María Elena Cruz Faría; y el fiscal del Ministerio Público, Carlos Fuenmayor.
Tras el encuentro se acordó que los presos con sentencia firme pasarán al otrora anexo femenino de Sabaneta y los procesados fueran llevados al antiguo retén El Marite, hoy centro de reclusión “Dr. Francisco Delgado”, con la intención de descongestionar los centros policiales y militares.
En septiembre de 2018, el Ministerio de Servicios Penitenciarios inauguró en lo que funcionaba el anexo femenino de la Cárcel Nacional de Sabaneta una prisión para penados extranjeros, llamada Winnie Mandela, en honor a la esposa del presidente Nelson Mandela. En su momento, el área tenía capacidad para albergar a 400 privados de libertad y su primera avanzada estuvo conformada por 52 condenados provenientes de Nigeria, España, Honduras, Argelia, El Salvador, Portugal, Guyana, Ecuador, Brasil y Perú.
Presos cansados
Un centenar de presos del Centro de Detención de la PNB, ubicado en La Morita, Aragua, secuestraron por más de 40 horas, desde el pasado lunes 17 de julio, a tres funcionarios de ese organismo policial, a quienes denunciaron de cobrarles desde 3$ y hasta 200$ por dejarles recibir comida y hasta sacarlos al patio.
Luego de una mediación entre el Gobierno y los reclusos, éstos decidieron deponer su actitud a cambio de ser trasladados a la cárcel de Tocorón y otros Centros de Formación Hombre Nuevo.
Una semana después, el martes 25 de julio, otro grupo de presos se amotinó en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la PNB, ubicado en Boleíta, municipio Sucre (Miranda), e increíblemente le exigió al Gobierno nacional el servicio de internet Wi-Fi y la permisividad de eventualmente salir a la calle.
Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Interior, Justicia y Paz se instaló en el retén policial y escuchó las peticiones de los detenidos.
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