Refugees International, organización humanitaria independiente que aboga por un mejor apoyo para las personas desplazadas, denunció este lunes 19 de octubre deportaciones estadounidenses de venezolanos a través de Trinidad y Tobago.
A través de un comunicado, señalaron que «es impactante que la administración Trump persiguiera estas deportaciones luego de que el Departamento de Transporte suspendiera en mayo de 2019 el servicio aéreo entre los aeropuertos de Estados Unidos y Venezuela, debido a la crisis económica y política en Venezuela».
En tal sentido, instan a la administración Trump a afirmar que Estados Unidos no está ni deportará venezolanos; y proporcionar información detallada sobre las deportaciones furtivas a través de terceros países que han tenido lugar desde mayo de 2019.
Aquí el comunicado íntegro:
Estamos profundamente preocupados por los informes de que la administración Trump ha estado involucrada en deportaciones furtivas de venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela a través de terceros países, incluida Trinidad y Tobago. Es impactante que la administración Trump persiguiera estas deportaciones luego de que el Departamento de Transporte suspendiera en mayo de 2019 el servicio aéreo entre los aeropuertos de Estados Unidos y Venezuela, debido a la crisis económica y política en Venezuela.
En febrero de 2020, el Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reconoció que continuaban algunas deportaciones de venezolanos. Pero más tarde en agosto, estuvo de acuerdo en que no era seguro devolver a los venezolanos a su país de origen y agregó que la administración no los estaba deportando actualmente .
Estamos de acuerdo con el Representante Especial Abrams en que nadie debería ser devuelto a Venezuela en las condiciones actuales.
Instamos a la administración Trump 1) a afirmar que Estados Unidos no está ni deportará venezolanos; y 2) proporcionar información detallada sobre las deportaciones furtivas a través de terceros países que han tenido lugar desde mayo de 2019.
Trinidad y Tobago, uno de los países supuestamente implicados en estas deportaciones, debería negarse a cooperar en cualquier retorno forzoso de venezolanos por parte de Estados Unidos. De hecho, a través de un proceso de registro el año pasado, Trinidad y Tobago otorgó estatus legal y derecho al trabajo a unos 16.500 venezolanos. Pero miles de personas siguen en el limbo legal y también se les debería permitir registrarse.
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