El gobierno lanza un nuevo gancho de control social con la decisión de confiscar la nómina de las universidades y de las escuelas que forman parte del subsidio AVEC, para obligar al personal de educación a cobrar a través de la Plataforma Patria, a pesar de que ni el gobierno es su patrono, ni ellos son empleados públicos.
Conocen de sobra los educadores aquella historia del lobo que amenaza con soplar y soplar hasta tu casa derrumbar. La han vivido de cerca y de nuevo sienten el resoplido que insiste en tumbar lo que encuentre a su paso. Ahora llega con la decisión unilateral del gobierno, por la vía del Ministerio de Educación Universitaria de confiscar la nómina de las universidades nacionales para obligar al personal a cobrar a través de la plataforma Patria, a pesar de que ni el gobierno es su patrono, ni los docentes y trabajadores educativos son empleados públicos.
En todos los frentes, el resoplido ha debilitado los otrora cimientos sólidos de las universidades a punta de asfixia presupuestaria, impedimentos para la renovación de autoridades, retrasos continuos y estratégicos en la asignación de recursos, pero sin duda el más eficiente ha sido el debilitamiento del músculo docente, administrativo y obrero, hasta dejar en el hueso las reivindicaciones salariales y volverlas irrisorias, lo que ha convertido a las universidades en una estructura con paredes de paja sin capacidad de funcionamiento, débil y desarticulada ante el vendaval que supuso la pandemia. El soplido final que necesitaba el lobo.
Patria o muerte
La ronda del lobo la viene sufriendo el sector educativo desde hace más de una década, cuando se promulgó la Ley Orgánica de Educación en 2009, en la que se establecen normativas que de entrada atentaban contra el principio de autonomía universitaria, garantizado en el artículo 9 de la Ley de Universidades y más allá en el artículo 109 de la Constitución: “Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.
Lo detalla la Ley de Universidades: “Autonomía organizativa, en virtud de la cual podrán dictar sus normas internas, académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesario para el cumplimiento de sus fines; administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo; y económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio”.
El 6 de marzo, el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, alertó a través de su cuenta en Twitter que se había enterado a través de un chat de personal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) sobre una información emitida por Omar Oberto, director del área de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación Universitaria, en la que aseguraba que a partir de la primera quincena de marzo los pagos al personal de las universidades se harían efectivo mediante la plataforma Patria.
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