Una facción de la oposición política y de la llamada sociedad civil, acepta la oferta del chavismo y se incorpora al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por la Asamblea Nacional chavista. Hay quien apuesta a una ruta electoral justa, mientras Maduro envía señales de alguna flexibilización.
El régimen de Nicolás Maduro designó este martes las autoridades de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en una nueva jugada que se suma a otras señales de relativa flexibilización enviadas al gobierno de Joe Biden. También quedan en evidencia las amargas divisiones en la oposición democrática que enfrenta al chavismo.
El CNE, es llamado por algunos «ministerio de las elecciones» por haber estado siempre plegado a los designios del gobierno chavista, aunque según la constitución debe ser un poder independiente.
Ahora, está por verse si esta nueva directiva tendrá la oportunidad de desactivar la bomba de muerte lenta en que se ha convertido la crisis política de Venezuela, con un impacto masivo sobre el reto de la vida nacional.
Pretexto del voto
El CNE ha sido una de las claves de control institucional en las dos décadas de la llamada revolución bolivariana. Antes de ser clasificado por los expertos como un franco autoritarismo (junto con Cuba y Nicaragua, en América) el régimen chavista se basó en un modelo de autoritarismo electoral.
La Asamblea Nacional que lo renovó hoy, no es reconocida por la comunidad democrática internacional, ni por parte de la oposición interna. Ello se debe a que salió de unas elecciones sin garantías constitucionales, en diciembre pasado, en las que estaban proscritos los principales partidos y sus líderes.
Además la anterior directiva del CNE estaba encabezada por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (también chavista) llamados para la ocasión por Maduro.
Por las buenas o las malas
Este organismo ha servido para darle un barniz de democracia al régimen chavista que se ha permitido sucesivas elecciones. Los comicios suelen ser controlados por los rectores chavistas del CNE, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus bandas de civiles armados, por los militares del Plan República que custodian el proceso.
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