Como un paquetazo fue denominado por expertos en derecho penal, el anuncio de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo sobre la reforma de cinco leyes judiciales, entre las que destaca el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), con lo cual, el régimen de Maduro intenta lavarse la cara ante la Comunidad Internacional y hacer creer que en el país se respetan los derechos humanos.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Las leyes a modificar, cuya aprobación se dio el pasado 15 de septiembre con el apoyo del 92% de los diputados son: El Código Orgánico Procesal Penal, el Código Orgánico de Justicia Militar, la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales; Ley del Estatuto de Policía de Investigación; y el Código Orgánico Penitenciario. En ese entonces, el diputado de la dictaruda, Pedro Carreño explicó que el objetivo de la modificación de las leyes es colocar a Venezuela en la vanguardia del respeto a los derechos humanos. De allí, que explicara que la reforma del COPP reducirá los lapsos y garantizará que se efectúen las audiencias correspondientes.
También señaló que la reforma permitirá que un proceso penal continúe, aún cuando no se tenga presencia de la víctima y se acortarán de 20 a 5 días los lapsos para las audiencias en un tiempo justo. La reforma del COPP abarca 18 artículos, la cual ya ha sido reformada siete veces desde 2012.
Sin embargo, lejos de esa Venezuela que respeta los derechos humanos, abogados y activistas condenan que estas reformas hayan sido anunciadas y desarrolladas de manera relámpago violando la Constitución Nacional, que establece que debe hacerse una consulta pública, además que se estén haciendo luego que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya emitido informes en los que denuncia delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas de 2017, cuando hubo desapariciones forzadas, homicidios, ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad, trato cruel e inhumano contra detenidos, etc.
Cecilia Sosa, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, explicó que en ese sentido, el Gobierno está intentando retrasar la actuación de la Corte Penal Internacional, cuya investigación busca establecer si el Estado venezolano puede y quiere establecer la justicia, según el Estatuto de Roma.
Uno de los artículos modificados en el COPP es el 517, que establece que «Ningún civil podrá ser juzgado por los tribunales de la jurisdicción penal militar».
«Cuando la norma te dice que los civiles no serán juzgados por tribunales militares, eso está en la Constitución, pero como tenemos civiles juzgados en tribunales militares que son denunciados en los informes internacionales que han evaluado los hechos de violaciones de DD. HH. en Venezuela, es como decirle a la Comunidad Internacional: mire, nosotros estamos haciendo lo que ustedes han dicho que es violatorio a la Constitución, o es violatorio del Sistema Interamericano de DD. HH. y mundial», indicó Sosa. Alega que con esta norma, personas que han sido detenidas sin orden judicial deben ser liberadas, al igual que civiles o militares retirados juzgados en tribunales militares.
Por su parte, Abraham Cantillo, abogado penal y coordinador de la Organización de DD. HH. Foro Penal de Venezuela en Lara, señala que el COPP en ningún momento ha permitido la detención sin orden judicial. «Una persona no puede ser detenida sin una razón, sin que exista un delito flagrante o en su caso una orden de captura, o una investigación en su contra. Se debe reestructurar al saldo rojo de personas privadas en libertad, entre ellas presos políticos y comunes que han sido detenidos arbitrariamente», manifestó.
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