A propósito del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, un boletín de la ONG venezolana de derechos humanos PROVEA, en el lapso del 2000 al 2019 se registraron 201 desapariciones forzadas en todo el país.
Pero la organización pronostica el aumento de los casos de desapariciones-forzadas-temporales de personas en los últimos 3 años. Remarca que en este período se ha detectado un incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.
Uno de los casos emblemáticos que PROVEA destaca para llamar la atención del Estado y de la sociedad venezolana es la desaparición forzada en el estado Mérida del dirigente social Alcedo Mora y los campesinos Esneider y Eliézer Vergel. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son presuntamente responsables.
Meses antes de su desaparición Alcedo Mora había realizado de manera pública, y ante varias instituciones, una serie de denuncias sobre hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) referidas a posible contrabando de gasolina. Además, como luchador social Mora acompañaba a comunidades del estado Mérida en procesos de exigibilidad de sus derechos y asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales. .
A los pocos días de la desaparición los hijos de Alcedo Mora y otros familiares presentaron la denuncia ante las autoridades respectivas. El Ministerio Público inició algunas investigaciones preliminares. Sin embargo, durante meses la investigación se paralizó a pesar que familiares y amigos realizaron reclamos públicos y formales ante esa institución. En noviembre de 2017 el Ministerio Público llamó a declarar a algunas personas que anteriormente habían dado su testimonio. Ese reinicio de las actuaciones tuvo una explicación: el gobierno venezolano fue notificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los hijos de Alcedo Mora con la asesoría del Provea habían presentado una denuncia en esa instancia internacional.
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