Un informe registra un aumento del 157% de ataques contra oenegés y activistas pro derechos humanos en Venezuela durante el año de la pandemia. Denuncian un “patrón” del Estado venezolano en estas violaciones.
Gustavo Ocando Alex | Voz de América
Los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela aumentaron el año pasado en un 157%, con una notoria participación del Estado en ellos, según un informe publicado este martes.
La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Vicaría para los derechos humanos de Caracas y la ONG Cofavic han presentado su investigación conjunta, titulada: ‘Enemigos internos, defender derechos humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19’.
De acuerdo con sus hallazgos, hubo 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela desde octubre de 2018 al mismo mes de 2020.
La mayoría de las denuncias, 216 en total, se registró el año pasado durante la pandemia. La cifra representa el incremento de 157% en comparación con los 84 ataques registrados en 2019, precisó Liliana Ortega, abogada y cofundadora de Cofavic, una de las ONG de mayor trayectoria en el país.
“Es real lo que viene ocurriendo a través de una política de Estado que está dirigida a cerrar aún más el espacio cívico democrático, apuntalando a las ONG y las personas defensoras de derechos humanos como enemigos”, expresó la jurista durante una conferencia virtual de prensa.
Resaltó que, en Venezuela, el decreto de estado de excepción por la pandemia se erigió como un “contexto propicio” para mayores restricciones, persecución, hostigamiento y, finalmente, la erosión de las capacidades operacionales e institucionales de las organizaciones e individuos que defienden derechos.
Entre las violaciones reportadas por 100 representantes de oenegés encuestados, destacan el impedimento del derecho a la tutela, las detenciones arbitrarias y la incautación ilegal de equipos y materiales, muchos de ellos donados por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
«Mal endémico»
Miguel Martín, jefe de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial Contra la Tortura, consideró que la situación de los derechos humanos “es un mal endémico en Venezuela” y pidió al gobierno nacional reservar los tapabocas para combatir el COVID-19, no para silenciar a los activistas independientes.
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