De acuerdo con el monitoreo realizado por los docentes de la Unidad Democrática del Sector Educativo (Udse), la matrícula estudiantil en los planteles de educación inicial, básica y media del país se redujo en 35% durante el período escolar 2018 – 2019.
En una rueda de prensa, Ofelia Rivera, vocera de la organización, precisó que en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure esta estimación puede alcanzar hasta 50%.
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Las principales razones son las fallas de los servicios básicos y el aumento de la pobreza. Aunque los problemas con el agua, la electricidad, el gas doméstico y el transporte público se registran desde hace, por lo menos, dos períodos escolares, este año, los tres apagones masivos de marzo aumentaron los casos de ausentismo escolar. En todo el mes, solo fueron laborables siete días. Luego, Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información, anunció una medida que obligó a todos los colegios a trabajar la mitad del tiempo.
Además de la falla eléctrica que afectó a todo el país, Rivera dijo que en muchos estados como Monagas, Sucre y Amazonas solo se cumplió con 50% del tiempo reglamentario de clases, en muchos casos por razones políticas: “En muchos planteles se convocaban congresos pedagógicos que se terminaban convirtiendo en eventos del Psuv –partido de gobierno- y esos días eran de pérdida”.
El resultado fue que los docentes solo alcanzaron a enseñar y evaluar entre 50% y 70% del contenidoque forma parte del programa educativo respaldado por el Ministerio de Educación.
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Paramilitares versus Estado
Otro factor que juega en contra del sistema educativo es la presencia de grupos paramilitares en estados fronterizos del país y de militares y milicianos en la mayoría de las instituciones, según denuncias recibidas por la Udse.
Rivera explicó que, en algunos municipios de Apure y Amazonas, los grupos irregulares armados son quienes reparan y se encargan del mantenimiento de las escuelas y liceos y, además, sustituyen el rol del Estado al entregarle bonos al personal docente.
En parroquias de la capital, como 23 de Enero, Rivera manifestó que la presencia de militares y milicianos es constante y sucede con la excusa de la educación premilitar que reciben los estudiantes de los liceos públicos.
Acoso laboral
En Lara, Táchira y Barinas, la Udse registró denuncias de maestros y profesores que fueron amenazados luego de participar en asambleas sindicales o protestas para exigir condiciones laborales. Rivera precisó que 18.000 docentes, a nivel nacional, fueron retirados de la nómina manejada por el ministerio por razones políticas.
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También denunció la falta de atención del Estado con el gremio. “La única solución del gobierno fue la inserción de jóvenes formados en el Plan Chamba Juvenil dentro de las aulas de clases. Pero es una formación de menos de un mes, ¿tú entiendes eso?”, manifestó.
La vocera de la organización aseguró que, cuando comenzó el año escolar, maestros y profesores alertaron sobre el impacto que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela podía tener sobre la educación, derecho establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
Indicó que la falta de respuesta por parte del Estado significa una violación a los derechos humanos y debería ser sancionada por organismos internacionales. También a inicios del año escolar, Aristóbulo Iztúriz, ministro para la Educación, aseguró que la matrícula era de 7.906.000 estudiantes desde educación inicial hasta media en los 27.000 planteles del país registrados por el ministerio.
Aunque no tienen precisión de la proporción, Rivera considera que el Estado no puede asegurar que haya aumentado la cantidad de alumnos: “Como mucho, pueden decir que se mantuvo, pero cualquier cosa que digan, es mentira”.
Con información de El Pitazo
