Los siete puntos del memorando de entendimiento firmado por oposición y el régimen de Maduro en México no serán discutidos de golpe y porrazo. Los derechos políticos, garantías electorales, la agenda humanitaria y las presiones por levantar sanciones tienen prioridad ante la inminencia de las elecciones de noviembre y el avance de la pandemia de covid-19 en el país.
Entre el 3 y 6 de septiembre empezó una nueva ronda de conversaciones entre la dictadura de Maduro y la oposición en México, bajo la mediación del Reino de Noruega. Desde Caracas, ya se han adelantado algunos temas en reuniones con algunos integrantes de ambas delegaciones, con el objetivo de avanzar lo más posible en algunos acuerdos estos tres días.
Desde la firma del memorando de entendimiento que guiará la negociación, se plantearon siete grandes puntos que deberán tocarse en las diversas rondas de conversaciones: derechos políticos, garantías electorales, cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de las sanciones y restauración de derecho a activos; respeto al Estado constitucional de derecho; convivencia política y social, reparación a las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y social al pueblo; y medidas de verificación y seguimiento de lo acordado.
Roberto Enríquez, presidente del Copei-ODCA, dijo que los temas referentes a la agenda humanitaria —que incluye la adquisición de vacunas contra el covid-19 y la liberación de presos políticos— «son temas urgentes» que lleva como prioridad la delegación opositora, de la cual forma parte.
La liberación de presos políticos ha sido solicitada por diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo Human Rights Watch. Esta última habla de una agenda de derechos humanos completa que debe ser discutida punto por punto en México para otorgar garantías a los ciudadanos de un verdadero proceso donde la justicia y reparación para las víctimas no se vea comprometido.
Las elecciones regionales también presionan la búsqueda de acuerdos parciales que pueden ser aplicados de inmediato, dice a TalCual una fuente cercana a la negociación. Esto con el objetivo de otorgar mayores garantías a la oposición de cara a la participación en los comicios de noviembre, hecho que fue confirmado el pasado 31 de agosto.
En todo caso, según reveló Henry Ramos Allup ese día, apuntan a levantar las inhabilitaciones contra exdiputados electos en 2015 y que ahora aspiran a un cargo como gobernaciones o alcaldías.
«Las concesiones que hemos logrado son por el proceso de negociación evidentemente. No tenemos la totalidad de las garantías, pero no podemos decir que si no tenemos el 100% de las garantías no vamos a participar. No podemos entregarle la llave de la participación al gobierno», dijo Ramos.
Además, el dirigente adeco apuntó que ese punto de las inhabilitaciones políticas «está avanzado», aunque reconoce que en este primer proceso puede que no estén incluidos todos los políticos opositores que han sido víctimas de esta medida.
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