El Ministerio de Interior ha concedido el derecho de asilo a Luis Armando Pérez, hermano del policía rebelde que enfrentó durante seis meses a Nicolás Maduro. De esta forma, el gobierno español rectifica la denegación previa de su estatus como refugiado y evita su regreso a Venezuela, «que sería mi muerte», como explicó a EL MUNDO a finales del año pasado.
«Me llamaron del Ministerio, de la Subsecretaría de Interior, para pedirme disculpas varias veces y comunicarme que me enviarían de inmediato la resolución. Acaba de llegar», confirmó este martes el hermano de Óscar Pérez a este periódico. Este famoso piloto de helicópteros, convertido hoy en un símbolo de la resistencia contra el régimen bolivariano, fue ejecutado de forma extrasumarial a principios de 2018, tras la toma de la vivienda donde se escondía a las afueras de la capital.
Tanto Pérez como sus seis compañeros, incluida una enfermera, no dispararon un solo tiro y se rindieron a los agentes revolucionarios, casi mil efectivos entre militares, policías de las FAES (Fuerzas Especiales de la Policía, definidas por Naciones Unidas como los «batallones de exterminio» del chavismo) y colectivos paramilitares. Su rendición no les salvó la vida: fueron asediados, ametrallados, bombardeados y ejecutados. Todos ellos presentaban tiros de gracia en la cara y en la nuca, según demostraron las autopsias y las imágenes publicadas en exclusiva por EL MUNDO.
La resolución en poder del hermano mayor de los Pérez también incluye el derecho de asilo para sus hijos y su mujer por extensión familiar. «Me complace saber que existe en este hermoso país la independencia de poderes, cuestión que nosotros perdimos hace muchos años», subrayó Luis Armando, quien agradeció a la Subsecretaría de Interior la resolución positiva de su recurso administrativo. El refugiado venezolano contó con la colaboración jurídica de la Cruz Roja.
La denegación previa del asilo a Luis Armando Pérez, de 42 años, fue recibida con sorpresa y rechazo por la opinión pública, dada la relevancia de los sucesos que acompañaron a la ejecución del grupo de Óscar Pérez. Desde el gobierno de Castilla y León incluso se exigió la rectificación a través de una carta enviada al Ministerio.
En el primer escrito, las autoridades españoles descartaban que el ciudadano venezolano «fuera a sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes». En cambio, contra el mayor de los Pérez todavía pesan en Venezuela acusaciones de terrorismo en grado de complicidad, según el auto publicado por el juez del Tribunal Especial de Primera Instancia, especialista en delitos de terrorismo. Las mazmorras de Maduro encierran hoy en el país criollo a 354 presos políticos en un país en el que, según Naciones Unidas, se ha detallado crímenes de lesa humanidad que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Durante las seis semanas transcurridas desde la primera resolución, Luis Armando Pérez ha recibido distintas propuestas de asistencia humanitaria, incluso desde Australia. «Estoy feliz por toda la solidaridad recibida. Ahora tendré la cédula (carnet de identidad) y podré conseguir trabajo», señaló tras recibir la notificación en su domicilio.
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